lunes, 28 de septiembre de 2009

Paro de puertos: ¿una amenaza cierta al suministro eléctrico?


Por Leandro Renou

La semana pasada, cuando la actividad portuaria en la provincia de Buenos Aires encendió la alarma de un conflicto que mantiene aún paralizados los ingresos y egresos de cargas, comenzó a circular fuerte el rumor de que tanto la Capital Federal como el Conurbano Bonaerense podían quedarse sin luz como consecuencia de la traba al ingreso de combustibles líquidos para la generación eléctrica que usualmente administra Cammesa.

La versión, que se disparó desde dentro del sector portuario (hoy a las 15 horas se reúnen con funcionarios de Scioli para dirimir el futuro del impuestazo a la carga y descarga), generó preocupación en algunas compañías, sobre todo por la problemática en el puerto bahiense de Ingeniero White (Foto), a pesar de que el escenario anunciado lejos estaría de concretarse. ¿Por qué? Según explicaron a Algo en Común Blog técnicos del sector eléctrico, el panorama no sería preocupante por las siguientes razones

1. La demanda nacional, y sobre todo la de Buenos Aires, está contenida. Los picos de consumo oscilan entre los 14 mil y 15 mil MW.

2. Los embalses, tanto el Comahue como Salto Grande, están “llenos” como para respaldar, en un caso de emergencia, el posible déficit de energía térmica.

3. Hay gas y combustibles líquidos internos, no todo es importado. Obviamente, en este punto juega a favor el cese del paro petrolero en Neuquén, que permite que haya gas para quemar en usinas. De todos modos, es un tema de cuidado porque ya se ha anunciado para el día de mañana una nueva medida de fuerza por 48 horas.

4. Llovió muchos milímetros en el sur de Brasil en las últimas semanas, por lo cual el país vecino está en condiciones de importar electricidad a los niveles que los venía haciendo y hasta algo más. Recordemos que se están importando a razón de 600 MW brasileños diarios.

5. La demanda de electricidad en el sector industrial de la Provincia viene cayendo estrepitosamente, y es éste sector más los grandes usuarios quienes representan un 80% del consumo total de energía a nivel nacional. Por citar sólo algunos ejemplos, en los últimos meses, en el Área Metropolitana de Buenos Aires y los diferentes cordones del Conurbano, el consumo eléctrico de las industrias metálicas cayó entre un 20 y un 25%; equipos y maquinarias entre un 8 y un 10%; minerales no metálicos un 20%; y todo el resto (químicos, alimentos, bebidas, etc), bajó un promedio del 6%.

De todas maneras, y a pesar de que el tema fue instalado con una clara voluntad de presionar a los que toman decisiones para que se destrabe más rápidamente la cuestión, los temores siguen, y los trascendidos se han agudizado en las últimas horas con la baja de las temperaturas, que podría elevar la demanda, sumando un item hasta ahora ausente: un suba marcada en el consumo del sector residencial.

En este marco, y ante los conflictos que se han generado en torno a los servicios públicos de luz y gas, los que más años tienen en el sector aseguran, conociendo los procedimientos de este gobierno, que “antes de que se corte la luz en Capital, van a arreglar cualquier conflicto como sea”.

Tras haberse presentado el Presupuesto del año próximo, Fausto Spotorno, economista jefe de Orlando Ferreres y Asociados, analizó si es posible o no que el año próximo caigan los subsidios al sector energético y aumenten nuevamente las tarifas. Además, aclaró que el grueso de las compensaciones se destinan a empresas estatales en crisis.

Esta semana trascendió que, según los números del Presupuesto Nacional para el 2010, podría haber una reducción de los subsidios energéticos. ¿Esto es así? ¿Hay caja como para hacerlo?

En realidad, no es que haya menos subsidios, sino que cuando se reduce un subsidio aumenta otro dentro del presupuesto. Me refiero a que, por ejemplo, se nota claramente que las empresas públicas son cada vez más deficitarias, y la mayor carga de subsidios va justamente para cubrir a empresas estatales en crisis.

Para que se den una idea, en el primer semestre del 2008, los subsidios a empresas públicas ascendieron a $5.000 millones, mientras que en los primeros seis meses de 2009, la cifra se elevó $7.000 millones.

Entonces, lo de los aumentos de tarifas de gas y luz por la descompresión de subsidios sería sólo una suposición…

Es que nuevos aumentos no debería haber cuando todavía están pospuestos los viejos aumentos, los del 2008. Lo que sí podría darse son pequeñas subas para aquellos sectores que hoy no están alcanzados por los incrementos actuales, pero son sólo suposiciones. En ningún punto el presupuesto dice que en 2010 va a haber nuevos aumentos de tarifas.

Ahora, cuando habla de empresas públicas, ¿se refiere concretamente a Aerolíneas?

A Aerolíneas y AySA. El Gobierno va a necesitar, según el presupuesto del próximo ejercicio, redireccionar subsidios a esas compañías. Darles prioridad para que puedan seguir funcionando.

Concretamente, el titular de Aerolíneas Argentinas señaló esta semana que la compañía seguirá dando pérdida por lo menos por cinco años más. ¿Qué habría que hacer con una empresa de ese tipo?

Una posibilidad es el modelo Lan de Chile, una gestión que demostró que se puede lograr calidad y buena prestación. La otra alternativa, que yo creo más posible, es la del estilo Swiss Air, un modelo público quebrado a partir del que nació una nueva compañía con inversión del sector público. Pero habrá que ver qué decide hacer este Gobierno.

jueves, 24 de septiembre de 2009

Inauguran nueva central de “Energía Delivery II”

Por Leandro Renou

El martes próximo, en la localidad de Olavaria, se llevará a cabo la presentación formal de una usina térmica de 42 MW de potencia, perteneciente a la empresa Emgasud. Compuesta por dos máquinas de 21 MW, la central requirió, en su primera etapa, una inversión de U$S 40 millones, la segunda inyección de dinero más importante en la zona, detrás de Loma Negra. Según confirmaron a Algo en Común Blog fuentes de la compañía, el proyecto -enmarcado en el plan oficial Energía Distribuida II- podría ampliarse al doble de su potencia en un futuro, llevando la inversión de la segunda etapa a U$S 75 millones más.

La generadora es la tercera que la empresa del patagónico Alejandro Ivannisevich presenta en el marco del plan de nueva potencia comandado por Enarsa: ya se habían inaugurado las usinas de Matheu y Paraná (ambas de 42 MW), y se prevé presentar en breve el desarrollo de los trabajos en Concepción (42 MW) y Las Armas (10 MW).

Del evento que se celebrará el martes 29, serán parte el intendente de la comuna, José Eseverri, funcionarios del Gobierno Nacional, Enarsa, y Cammesa, además de legisladores de Olavarría.

Ocho de los diez gobernadores de las provincias petroleras acordaron el jueves un documento por el cual reclamarán al Gobierno nacional un incremento de los precios de referencia del petróleo y el gas para el mercado interno. Francisco Mezzadri, consultor en temas energéticos, señaló que estos costos no se actualizan desde 1999, y apuntó que “todo lo que viene para adelante, son inversiones más caras y esto tarde o temprano, se reflejará en una energía más cara”.

¿Cuál es su opinión, ahora que ocho provincias han pedido una recomposición en el precio del gas, y cómo se inserta esto cuándo hay una cadena de precios tan retrasada en el sector, en términos generales?

Todo está muy atrasado, hay tarifas con las que uno ha perdido la noción del tiempo, pero lo que lo queda para la distribuidora no se actualiza desde hace diez años. El haber dejado las tarifas tan atrasadas obliga ahora a ir adaptando esto. Culturalmente no se ha preparado al país para cambios fuertes, de modo que hay que ir viendo gradualmente qué se puede hacer.

El panadero de la esquina hoy no vende el pan al mismo precio que en 1999, pero tampoco lo aumentó de golpe.

Por un lado, habrá que ir con responsabilidad, tanto del lado del Gobierno como de la oposición, haciéndole entender a la sociedad que se ha instrumentado una política equivocada, y desde el punto de vista de la continuidad de los servicios públicos, no pueden seguir siendo prestados a precios que no responden al costo económico de producirlas.

¿Ante esta última implementación de aumentos, tanto en electricidad como en gas, sería posible que se explicara, en líneas generales, cuál es el costo de producción real de la energía?

Piense usted que para generar electricidad, el precio que pagan las distribuidoras por esa energía es un precio ficticio, porque está hecho en función de un gas que generalmente queman las generadoras pero que no siempre está disponible, entonces ya el costo no es el gas sino los combustibles líquidos que se utilizan para eso. Y eso fluctúa muchísimo, de modo tal que conocer estos precios es posible, pero son muy inestables por como influyen los insumos en ese momento.

Lo que sí se puede hacer es mostrar algunas referencias generales, y explicarle a usuario que mientras él paga 10, cuesta 30.

Uno puede, en promedio, si uno toma las variaciones muy agregadas, saber que los precios industriales han aumentado en una relación 3 a 1, respecto de la electricidad. Es un salto muy grande. Ahora, obviamente, esto lleva años, pero la gente tiene que darse cuenta que las consecuencias son graves. Por un lado, hacia delante, generará la incertidumbre acerca de la provisión del propio servicio, porque no ser terminan de hacer las inversiones, y hoy en día está sumamente afectado por el precio del combustible.

Y, por otro lado, no hay economía en el mundo que se mueva sin energía, y de la forma que se han manejado estos precios provoca que no se invierta. Las inversiones que pueda hacer el Gobierno son muy reducidas en función de las necesidades reales, entonces no es sólo el servicio diario que se afecta, sino en la capacidad de producir que se traduce en empleos.

Es cierto, de hecho se ha visto afectada la industria…

Ése es el punto cultural del que me refería al principio. No se le hizo participar a la población de un problema estructural muy grande. En el fondo esto termina afectando la capacidad de producir y de crecer.

Además, para ponerle otro condimento, hay que explicarle a la gente que hoy en día las inversiones en energía no son las mismas que hace diez años. Hoy se ha entrado de lleno el cambio climático y en las precauciones que hay que tomar para no seguir deteriorando el Planta con esta actividad.

El quemar combustibles líquidos en el centro de Buenos Aires, a través de las dos centrales grandes que hay, eso está contaminando la atmósfera a niveles que en otros países generaría algún tipo de alerta y de mediciones continuas. El punto es que todo lo que viene para adelante, son inversiones más caras y esto tarde o temprano, se reflejará en una energía más cara.

Es parte del arte del arte de los políticos comunicar bien a la sociedad lo que se viene.

Por un lado, las empresas privadas piden que actualicen las tarifas y por otro lado, desde el Gobierno se posterga dicho ajuste para no sobrecargar los bolsillos de la gente. ¿En qué espacio de debate se lograría un encuentro político-técnico, porque los primeros no entienden razones técnicas y los técnicos no entienden razones políticas?

El mejor espacio es el de las verdades. Esto se puede expresar en número de modo tal que los consumidores, políticos y empresas puedan tenerlos en frente y discutirlos.

Por ejemplo, estamos trabajando en materia eléctrica, con costos de inversión hacia delante que son mucho más altos que los costos con los que se produjo la gran expansión de inversión en generación eléctrica entre el 1993 y el 2000. En aquella época, una máquina de ciclo combinado que usaba gas, podía costar alrededor 500 dólares por kW/h instalado. Hoy, primero no hay suficiente gas para utilizarlo como combustible, pero asumamos que tenemos ese gas, hoy vale alrededor de 900 dólares invertir en el mismo ciclo combinado. Y si no tenemos gas y se decide quemar carbón, una máquina que produce lo mismo a carbón, hoy en día vale alrededor 1.800 dólares por kW instalado. Y si se piensa en energía eólica, cada MW son 2 millones de dólares.

Son número muy distintos a las de décadas pasadas, pero son tecnologías nuevas que en el tiempo van a ir bajando, pero no podemos esperar a que estén en el precio más bajo para instalarlo, porque nos quedamos sin energía.

Los costos de la energía se van a adaptando a una situación de tecnología más cara, con combustibles más caros, y la Argentina no va a poder eludir eso, más allá que hoy tampoco estamos teniendo una situación de autosuficiencia en materia de hidrocarburos.

Esto son temas que están en una prioridad alta en las agendas de todos los países, y lamentablemente no lo está en la Argentina. Ni en el Gobierno ni en la oposición.

Fuente foto: Algo en Común Revista
miércoles, 16 de septiembre de 2009

Radiodifusión: el Gobierno, sus errores y un periodismo desunido


Por Leandro Renou

En un país donde el diálogo muestra una fuerte tendencia a la disolución progresiva, resulta por lo menos peligroso emitir juicios de valor simplemente porque sí. Por esta razón, cuando el Gobierno presentó su alternativa modificatoria de la Ley de Radiodifusión de la dictadura militar, fueron inapropiados los embates opositores sólo basados en el antagonismo ideológico o político. El oponerse por el oponerse mismo no suma en el marco de una nación con graves problemas de discernimiento informativo. Y no es una defensa a la gestión actual ni mucho menos a la ley, sino una lectura de la génesis de un conflicto que, dos o tres meses después, ahora sí es criticable con algo más de fundamentación.

Hoy, y en medio de la contienda con un grupo de medios en particular (Clarín), tanto el Ejecutivo Nacional como el multimedio hicieron públicas sus peores miserias y ardides para avanzar en su favor, dejando a la vista de todos los errores de ambos. Pero los que verdaderamente importan son los errores del oficialismo, la conducción que fue votada por los argentinos y que hoy tiene en sus manos el futuro de la libertad de prensa en el país: con sus últimos movimientos, el kirchnerismo (no sólo el matrimonio gobernante sino también sus legisladores del FPV), dejó en claro que pretende ir por todo mediante la imposición de la Jurisdicción Nacional sobre los medios y que, también, está dispuesto a resignar parte de su negocio (el no ingreso de las telefónicas) con tal de recuperar los votos de los aliados en Diputados para que la ley se apruebe antes del recambio parlamentario de fin de año. Con todo esto, más la conformación de una autoridad de aplicación con mayoría de integrantes afines a los K, el oficialismo justifica que hoy se pueda criticar un proyecto que muchos considerábamos importante e impostergable, pero no definitivo sino perfectible. Y eso, sólo hubiese sido posible proponiendo un debate amplio, con audiencias públicas que no se redujeran exclusivamente a alocuciones de 10 minutos puertas adentro del Parlamento, y con un tratamiento punto por punto más amplio y sin reloj en mano, que hubiese permitido rever cuestiones muy importantes, como la presión del Gobierno a los medios vía publicidad oficial, por citar un ejemplo del que poco se habla.

Da la sensación de que lo que empezó de manera aceptable, se puso feo en cuestión de semanas, a punto tal de haber perdido el punto de referencia e, inclusive, seguir apoyándose en cuestiones de fondo propias de la norma del Gobierno de Facto.

¿No siente Usted que las cosas son cada vez menos claras? Es cierto, lo intereses económicos y políticos nublan el panorama y es lógico, si algunos de los propios legisladores no son claros en sus pretensiones, el argentino medio está aún más desguarnecido ante el mensaje.

El escenario es más complejo si se hace autocrítica de la conducta corporativa de los medios de comunicación: en un interesante punto de vista publicado el domingo en el diario Perfil, Jorge Fontevechia cuestiona los cuestionamientos de Clarín hacia su diario por no mostrar un mayor compromiso hacia su causa. Y lo hace de manera sencilla, recurriendo al pasado reciente, cuando en los albores de la presidencia del primero de los Kirchner, el matutino de la señora de Noble se dedicaba a publicar tapas con buenas noticias y fotos exclusivas mientras la fuerte restricción publicitaria a los medios de la editorial de Fontevechia (Perfil, Noticias, Fortuna, etc.), lo obligaban a conformar un fondo de donaciones público para mantener un medio de comunicación. Además, se remitió al momento en que, mediante el pedido de Clarín a los auspiciantes de no pautar en Perfil, boicoteó el futuro del primer diario, que terminó cerrando dejando cientos de periodistas sin trabajo. A uno puede o no gustarle tal o cual periodista, pero no estamos hablando de eso, sino de las razones (sólo un ejemplo en un mar de confrontaciones) que transforman en un caos una ley imprescindible.

En este contexto, las conclusiones son complejas y habrá que esperar que el debate (que ya se está dando en Diputados) hable por si sólo, pero, con la pruebas sobre la mesa, hay que se claros: después de haber sido contemplativos a la hora de una evaluación inicial, hoy es necesario decir que si esta ley se aprueba en los términos planteados, los perjudicados no serán los grandes grupos empresarios, sino la libertad de información, prensa y opinión del conjunto de la sociedad. El resto es una anécdota.

Por Leandro Renou

Hace instantes, en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que las empresas de telecomunicaciones no van a formar parte del nuevo proyecto de Radiodifusión oficial.

Según explicó la mandataria, la decisión de "eliminar la posibilidad de que las telefónicas puedan participar de este ámbito" pretende "desterrar uno de los principales escollos y las excusas que le pueden haber servido a otros para no poder tratar la ley".

Lo cierto es que, mediante esta inteligente y políticamente oportuna movida, el Gobierno logra contener los votos de sectores aliados en Diputados (sobre todo los partidos de centro izquierda y los ex Aristas), que habían manifestado un profundo descontento con el ingreso de las telcos y que, por esta razón, no descartaban votar en contra de la iniciativa del kirchnerismo.

Justamente, para mañana el diputado Claudio Lozano había llamado a una manifestación de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) para expresar su voluntad de no tapar un multimedio con otro.

En este marco, la presidenta confió en que, superado este escollo, el Congreso se moverá de manera más ágil, pudiendo la ley ver la luz antes del recambio de bancas en la Cámara Baja, hacia fines de año.

El adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Juan Minguez, se refirió al reciente fallo de la Justicia que suspendió los aumentos de gas. Además, presentó la alternativa de la Defensoría en materia de tarifa social eléctrica sin tasas ni cargas extra.

¿Cómo quedan las cosas ahora, a partir del fallo de la Cámara de Apelación, que ha suspendido la aplicación del cargo por importación de gas en las facturas de este servicio?

El Ejecutivo suspendió la aplicación ante la cantidad de sentencias que había en este país, alrededor de 20 de distintos jueces federales que hicieron lugar a la medida.

Nosotros habíamos hecho un planteo, y la Jueza de Primera Instancia nos la había negado. El fondo de la causa era la inconstitucionalidad de un decreto que dispuso un aumento en términos absolutamente irracionales. El decreto fue el 2067 (de importación de fluido de Bolivia), y me estoy refiriendo a las tarifas de gas. La semana pasada, la Cámara Nacional de Apelaciones administrativas hizo lugar a la medida de no innovar disponiendo que el Enargas instruyera a todas las distribuidoras de gas a que se abstuviera de cobrar el cargo tarifario. Ese cargo es un impuesto, y el Poder Ejecutivo de la Nación carece de atribución para sancionar un impuesto porque sólo lo puede hacer el Congreso. En función de eso, la Cámara resolvió que Enargas ordene a las distribuidoras no cobrarlo y se limite a cobrar la tarifa en los términos del bimestre anterior y según el consumo del usuario. Asimismo, dispuso que por la falta del pago de estos cargos no se puede interrumpir el suministro del servicio.

Esta sentencia abarca todo el país, y esto nos genera que haya una reconsideración del Poder Ejecutivo para no agobiar el bolsillo y la dignidad de la gente, y la Constitución Nacional.

En la misma línea, sabemos que tienen un proyecto de tarifa social para la electricidad, ¿cómo está encarado?

Tenemos una recomendación expresa referida a la tarifa social y esto entra en un marco de reestructuración tarifaria de los servicios públicos. Sostenemos que la tarifa social no es un subsidio sino un derecho del consumidor, y la Constitución expresamente lo dice en su artículo 42 sin ningún tipo de eufemismo: “el derecho de la accesibilidad del ciudadano a los servicios públicos”, en este caso hablamos del servicio de gas. Otro tanto hicimos para el servicio de electricidad como la tarifa irracional de luz.

Creo que la tarifa social se debe aplicar sin cobrar impuesto, tasa, contribuciones, ni cargos fijos ni móviles. Una vez que se detectan las zonas especificas con niveles de pobreza, sin pedirle certificación de nada al ciudadano, se le debe cobrar sólo el suministro del servicio. El precio público es el que pagamos por el servicio, y si a estas zonas no se les cobran los impuestos, no hace falta pedirles los certificados de pobreza que agravian la dignidad del ciudadano.

Hemos sido invitados a un debate ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Nación, en donde se trataron diferentes proyectos, con la idea de llevarlos al debate y tratarlos desde una óptica igualitaria, universalista y no clientelista. Esto es, no dejarle a la discrecionalidad de un intendente o un gobernador que pueda determinar quiénes son los beneficiarios, sino manejarse con pautas objetivas. Una de estas pautas es la determinación de las zonas de pobreza y de los niveles de consumo, y allí cobrar sólo la provisión del servicio sin impuestos ni tasas.

Hay experiencias en el país que han dado muy buenos resultados aplicando estas pautas igualitarias sin necesidad de certificados de pobreza, atacando la dignidad del ciudadano, tal como lo establece el mencionado artículo 42 de la Constitución Nacional.

El diputado (Claudio) Lozano hizo un informe con un enfoque diferente respecto a quién debería tener acceso a la tarifa social, en contra de la zonificación que usted plantea, y en contra del nivel de consumo. En su criterio, el nivel de consumo no determina ingreso y con respecto a la zonificación, dice que hay barrios en los que conviven en una misma cuadra diferentes niveles, ¿cómo se resolvería eso en su propuesta?

No cabe duda que la resolución la va a tomar el órgano competente, el Congreso de la Nación a través de sus Cámaras. Ahora, disiento con el proyecto de Lozano porque si bien puede haber casos de excepción, el problema es que se incurre en el clientelismo.

¿Estamos tan lejos de lograrlo con una gestión transparente sin atribuírselo a un determinado funcionario?

Creo que la calidad institucional en nuestro país deja mucho que desear. Le diría que sí, estamos muy lejos. Tenemos que evitar incurrir en ese tipo de registros porque, en el caso de otorgarlo por registros de jubilados, aquellos que cobran la mínima son 3 millones, es decir, no hace falta un registro. No hace falta que luego alguien interesadamente pueda usar ese registro para privarle a un ciudadano de tener un crédito porque figura en el registro que no tiene ingresos como para pedir un crédito mínimo.

No creo que la cuestión pase por tener un registro de nombres. Puede ser que en el debate surjan opciones superadoras, pero a nuestro entender, no hay un método hasta hoy que garantice más las pautas igualitarias y universalistas que la determinación de zonas. Fíjese lo que está pasando con una noticia del viernes, en donde las mismas empresas distribuidoras van a ofrecer alternativas para paliar pautas de solidaridad. En realidad lo que están haciendo las empresas es darse cuenta que no están cobrando y entonces tienen que buscar soluciones, cuando éstas las tendrían que estar dando el Enargas y el Enre, que su razón de ser es velar por el cumplimiento de las empresas de los servicios asumidos, y velar por el derecho de los usuarios. Esos entes en muchas ocasiones, por falta de calidad institucional, son captados por el poder central o la decisión la toma el poder central. Es decir, no están cumpliendo sus funciones.
martes, 8 de septiembre de 2009

La nafta súper y el gas, más caros acá que en los Estados Unidos


Por Randy Stagnaro

Los precios de los combustibles en la Argentina alcanzaron los valores que tenían durante la Convertibilidad, antes de la devaluación de febrero de 2002. Incluso, hoy se encuentran por encima de los de Estados Unidos.

Con los aumentos en todos los productos presentes en las estaciones de servicio que hicieron las petroleras la última semana, hoy un litro de nafta súper oscila entre $3 y $3,20 según en qué lugar del país se lo compre. En EE.UU, el precio del galón de la nafta equivalente a la súper argentina cotizaba a U$S 2,59, es decir, $9,95. Como un galón tiene 3,8 litros, entonces el litro de nafta equivalente a la súper argentina cotiza en EE.UU a $ 2,6, un 16% menos.

Desde ya, este cálculo no se inmiscuye en la distribución del ingreso: cuánto va para la estación de servicio, cuánto a la petrolera y cuánto al fisco estadual o federal.

Tanto o más sorprendente puede resultar el dato de que el gas mayorista es más caro en nuestro país que en EEUU. Según los últimos acuerdos entre el Gobierno nacional, las provincias y las petroleras, el precio del gas subirá a poco más de U$S 2 el MBTU (una unidad térmica británica que se emplea en el comercio de gas). El gas local que va a parar a las usinas termoeléctricas cotizará a un valor superior a U$S 3. El importado de Bolivia supera los U$S 4 y el del barco regasificador de Bahía Blanca en U$S 6,5 el MBTU.

En la Bolsa de Nueva Cork especializada en el comercio de materias primas (NYMEx), el viernes 4 el gas mayorista spot cotizaba a U$S 2,5 el MBTU, su valor más bajo en siete años. Paradójicamente y a contramano de la tendencia internacional, acá, el precio de los combustibles sigue subiendo.

Continuando con el debate en torno a la ley de Radiodifusión, Pablo Tedesco, director de TBI Unit, detalló por qué hay que ser cuidadoso con el ingreso de las empresas de telecomunicaciones a la prestación de TV.

Con todo lo hecho y charlado hasta el momento, ¿Cuál es su posición al respecto?

En el mercado hay un consenso claro de que la Ley debería ser ajustada, por lo que por no parece raro tratarla en tan poco tiempo. Sí parece poco acertado en un momento de crisis interna e internacional ponerse a debatir una Ley que implica un cambio muy profundo.

El proyecto así como está, entonces, no da demasiadas garantías…

Sí, ésa es un poco la visión aceptada por todos los analistas y el mercado en general. Salvo el oficialismo.

El sábado pasado, Enoch Aguiar decía que de aprobarse, este proyecto determinará que un monopolio se coma al otro. Es decir, que las telecos, si se les da vía libre, terminen con una posición similar a las que hoy tiene la TV por cable. ¿Cómo lo ves?

Por un lado, habría que analizar cómo estaría el mercado hoy si se pudiera dar triple play. Hoy, sólo lo pueden dar las compañías de cable, salvo Cablevisión que no le dieron su numeración, pese a que la tenía pedida, pero las telefónicas no pueden dar contenidos en vivo. Si este mercado se uniera, estaríamos hablando de casi 15.300 millones de pesos. Cuando vemos la facturación de Telecom, Telefónica y el Grupo Clarín, podríamos decir que esa cifra tienen el 30%, el 28%, y el 22%, así que estaríamos hablando de un 74% del mercado concentrado en manos de estos tres grandes jugadores.

El otro tema a considerar es si al unir estos tres mercados habría una posibilidad de que entre un nuevo jugador. Hay jugadores de nicho, hay jugadores chicos pero básicamente la cantidad de clientes que tendrían estos tres grandes jugadores, inclusive la facturación, harían muy complejo para que nuevos jugadores podrían tomar la envergadura de estos tres.

Hay un nuevo impedimento que se pone en este proyecto de Ley, que implicaría que para dar radiodifusión la compañía no debería tener más del 30% de capitales extranjeros. Con lo cual quedaría excluida Telefónica, y si se da la obligación del dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, donde Telecom Italia debería dejar Telecom Argentina, podría pasar que Telecom fuera la única telefónica que diera TV paga a través de su red.

¿Quienes son los más perjudicados con el proyecto oficial?

Después de las propias declaraciones de Néstor Kirchner, es el Grupo Clarín el más perjudicado. Ahora, también va afectar a los chicos porque si realmente pudiera entrar una telefónica, probablemente sea amigo del gobierno de turno, con lo cual esa misma compañía estaría compitiendo con cables chicos del interior y de alguna manera concentraría también el mercado.

En el escenario que usted planteó, Telefónica, debido a la Ley de bienes culturales, de no tener más de un 30% de capitales extranjeros. ¿Pero España no tiene tratados de reciprocidad e inversiones con la Argentina?

Sí.

Uno de los debates en el Congreso la semana pasada, figura en un artículo de la Ley, que las excepciones a la titularidad de extranjeros estaban dadas por la existencia o no de un tratado en defensa de inversiones. Si fuera así Telefónica sí podría operar una empresa de esta naturaleza…

Sí, el tema es que podrían plantear impedimentos las demás compañías, y de alguna manera dilatar la entrada de Telefónica en el mercado.

El otro aspecto que usted plantea es que Cablevisión no recibiría numeración. ¿Es posible que este escenario se sostenga?

Realmente no, bajo la Ley vigente que rige actualmente, pero también es poco sostenible que hace dos años se haya aprobado la fusión de Multicanal y Cablevisión, y hoy se decide que esa fusión no es válida. La realidad es que se cambian las reglas del juego constantemente y claramente no beneficia las inversiones de los operadores que quieran ingresar al país.