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lunes, 25 de octubre de 2010

Polino: “Se tienen que eliminar los premios y castigos”

El presidente de Consumidores Libres cuestionó, en Algo en Común Radio (AM 1190), que se siga aplicando el Plan de Uso Racional para la luz y el gas, y criticó la comparación de los consumos contra el año 2003.

La semana pasada se conocieron los últimos números del sistema de premios y castigos para el consumo eléctrico, con un alto número de penalidades por exceso. Y Ustedes están reclamando cambios en el programa…

En primer lugar, pedimos que se elimine el PUREE, que es lo más irracional que hay, porque si uno no consume un 10% menos que en el mismo bimestre de 2003, lo penalizan. Y esto no es justo, porque una familia puede variar mucho en su composición en siete años; además, por supuesto de los cambios de temperatura.

Los números evidencian que hace tiempo que la gente no logra ahorrar…

La estadística indica que el castigo duplica y hasta triplica la cantidad de usuarios que tienen premio por ahorrar. Claramente, es un fracaso y demuestra que la gente no ha logrado consumir menos.

Políticamente será difícil que el Gobierno acceda a erradicar el PUREE. ¿No podría pedirse, en cambio, que la base para el ahorro sea un año más cercano a la actualidad?

En el peor de los casos, debería hacerse una comparación interanual, es decir, 2010 contra 2009. Ahí sí, quizás, variarían menos las condiciones sociales y climáticas de ambos bimestres. Pero, vuelvo a repetir que el sistema, así como está, es un fracaso y sigue perjudicando a la gente.

lunes, 10 de agosto de 2009

Aumentos: la guerra del “pase de factura”


Por Leandro Renou



Era lógico. Todos los actores del sector sabían que algo de lo que está sucediendo hoy iba a pasar. Tarde o temprano, los mayores consumos estacionales de luz y gas pondrían en evidencia que los incrementos de tarifa de 2008, que el Gobierno anunció en torno al 30%, serían bastante más importantes, contabilizando, obviamente, los impuestos, PUREE y cargos adicionales.

Hasta que la queja generalizada y los amparos judiciales irrumpieron en la Opinión Pública y en los medios de comunicación, se vivía una especie de tensa calma entre las distribuidoras y el Ejecutivo Nacional: las empresas sabían que las facturas empezarían a crecer en dinero, y el Gobierno también, pero con una sutil diferencia. El Ministerio de Planificación siempre tiene una carta guardada para despegarse de cualquier acusación que lo vincule a un ataque al bolsillo de los más humildes, núcleo que, sólo discursivamente, dice defender la gestión K.

Las empresas, por su parte, cometieron su pecado. Se mantuvieron demasiado pasivas y sumisas ante los procedimientos oficiales y, aunque todavía no es tarde para aclarar cómo se compone la nueva tarifa, de haberse puesto de manifiesto con antelación (develando inclusive la fuerte carga impositiva) podría haberse evitado un gran dolor de cabeza.

Si hablamos de códigos, está claro que el Gobierno rompió el pacto de palabra que mantenía con las compañías: el “Ustedes no me afectan la recaudación hablando de impuestos y nosotros les actualizamos tarifa y analizamos la RTI”, ya no existe. El Ministerio de Planificación rompió ese pacto tácito el viernes cuando, en conferencia de prensa, se despegó de los aumentos desmedidos y les echó la culpa a Edenor, Edesur y Edelap por haber facturado mal y con errores.

En la otra esquina, con bastante buen tino, el presidente de Edenor, Alejandro Mac Farlane, puso la mejor cara de poker el sábado a la mañana en el canal Todo Noticias y aseguró que los aumentos tienen que ver con mayores consumos, suba de tarifas y Plan de Uso Racional. Una respuesta acorde a la realidad, aunque un poco demorada en el tiempo.

Obviamente, después del viernes la tensa calma se resquebrajó y está al borde de romperse definitivamente. Dolieron mucho, además, los dichos de Julio De Vido esta mañana cuando explicó, en Radio Mitre, que de encontrarse errores en la facturación eléctrica, podrían tomarse medidas en cuanto a la concesión de los servicios.

Ahora, y viendo el escenario macro hay que decir que es improbable que errores de facturación distorsionen la tarifa de manera tal que, de un año al otro, se pague hasta un 400% más. Tampoco es serio para un Gobierno Nacional intentar limpiar su imagen pública culpando a otros por fallas que, en realidad, son sólo propias. ¿Es tan difícil reconocer ante la gente que el procedimiento del aumento fue desordenado? ¿Es mejor inventar ardides para salir del paso? La verdad es que, cuando las cartas del juego político ya están echadas y el destino de esta gestión parece no llegar con fuerza suficiente a un nuevo encuentro con las urnas, debería tomarse la decisión de reconocer errores y sincerar las dificultades para tomar decisiones.

Quizás la gente ya no quiera enemistarse con un sector para canalizar su bronca por pagar una tarifa más acorde a la sustentabilidad del servicio. Quizás la gente quiere entender qué pasa. Cosa que, hasta el momento, nadie le dio la oportunidad de hacer.