En un país donde el diálogo muestra una fuerte tendencia a la disolución progresiva, resulta por lo menos peligroso emitir juicios de valor simplemente porque sí. Por esta razón, cuando el Gobierno presentó su alternativa modificatoria de la Ley de Radiodifusión de la dictadura militar, fueron inapropiados los embates opositores sólo basados en el antagonismo ideológico o político. El oponerse por el oponerse mismo no suma en el marco de una nación con graves problemas de discernimiento informativo. Y no es una defensa a la gestión actual ni mucho menos a la ley, sino una lectura de la génesis de un conflicto que, dos o tres meses después, ahora sí es criticable con algo más de fundamentación.
Hoy, y en medio de la contienda con un grupo de medios en particular (Clarín), tanto el Ejecutivo Nacional como el multimedio hicieron públicas sus peores miserias y ardides para avanzar en su favor, dejando a la vista de todos los errores de ambos. Pero los que verdaderamente importan son los errores del oficialismo, la conducción que fue votada por los argentinos y que hoy tiene en sus manos el futuro de la libertad de prensa en el país: con sus últimos movimientos, el kirchnerismo (no sólo el matrimonio gobernante sino también sus legisladores del FPV), dejó en claro que pretende ir por todo mediante la imposición de la Jurisdicción Nacional sobre los medios y que, también, está dispuesto a resignar parte de su negocio (el no ingreso de las telefónicas) con tal de recuperar los votos de los aliados en Diputados para que la ley se apruebe antes del recambio parlamentario de fin de año. Con todo esto, más la conformación de una autoridad de aplicación con mayoría de integrantes afines a los K, el oficialismo justifica que hoy se pueda criticar un proyecto que muchos considerábamos importante e impostergable, pero no definitivo sino perfectible. Y eso, sólo hubiese sido posible proponiendo un debate amplio, con audiencias públicas que no se redujeran exclusivamente a alocuciones de 10 minutos puertas adentro del Parlamento, y con un tratamiento punto por punto más amplio y sin reloj en mano, que hubiese permitido rever cuestiones muy importantes, como la presión del Gobierno a los medios vía publicidad oficial, por citar un ejemplo del que poco se habla.
Da la sensación de que lo que empezó de manera aceptable, se puso feo en cuestión de semanas, a punto tal de haber perdido el punto de referencia e, inclusive, seguir apoyándose en cuestiones de fondo propias de la norma del Gobierno de Facto.
¿No siente Usted que las cosas son cada vez menos claras? Es cierto, lo intereses económicos y políticos nublan el panorama y es lógico, si algunos de los propios legisladores no son claros en sus pretensiones, el argentino medio está aún más desguarnecido ante el mensaje.
El escenario es más complejo si se hace autocrítica de la conducta corporativa de los medios de comunicación: en un interesante punto de vista publicado el domingo en el diario Perfil, Jorge Fontevechia cuestiona los cuestionamientos de Clarín hacia su diario por no mostrar un mayor compromiso hacia su causa. Y lo hace de manera sencilla, recurriendo al pasado reciente, cuando en los albores de la presidencia del primero de los Kirchner, el matutino de la señora de Noble se dedicaba a publicar tapas con buenas noticias y fotos exclusivas mientras la fuerte restricción publicitaria a los medios de la editorial de Fontevechia (Perfil, Noticias, Fortuna, etc.), lo obligaban a conformar un fondo de donaciones público para mantener un medio de comunicación. Además, se remitió al momento en que, mediante el pedido de Clarín a los auspiciantes de no pautar en Perfil, boicoteó el futuro del primer diario, que terminó cerrando dejando cientos de periodistas sin trabajo. A uno puede o no gustarle tal o cual periodista, pero no estamos hablando de eso, sino de las razones (sólo un ejemplo en un mar de confrontaciones) que transforman en un caos una ley imprescindible.
En este contexto, las conclusiones son complejas y habrá que esperar que el debate (que ya se está dando en Diputados) hable por si sólo, pero, con la pruebas sobre la mesa, hay que se claros: después de haber sido contemplativos a la hora de una evaluación inicial, hoy es necesario decir que si esta ley se aprueba en los términos planteados, los perjudicados no serán los grandes grupos empresarios, sino la libertad de información, prensa y opinión del conjunto de la sociedad. El resto es una anécdota.
Continuando con el debate en torno a la ley de Radiodifusión, Pablo Tedesco, director de TBI Unit, detalló por qué hay que ser cuidadoso con el ingreso de las empresas de telecomunicaciones a la prestación de TV.
Con todo lo hecho y charlado hasta el momento, ¿Cuál es su posición al respecto?
En el mercado hay un consenso claro de que la Ley debería ser ajustada, por lo que por no parece raro tratarla en tan poco tiempo. Sí parece poco acertado en un momento de crisis interna e internacional ponerse a debatir una Ley que implica un cambio muy profundo.
El proyecto así como está, entonces, no da demasiadas garantías…
Sí, ésa es un poco la visión aceptada por todos los analistas y el mercado en general. Salvo el oficialismo.
El sábado pasado, Enoch Aguiar decía que de aprobarse, este proyecto determinará que un monopolio se coma al otro. Es decir, que las telecos, si se les da vía libre, terminen con una posición similar a las que hoy tiene la TV por cable. ¿Cómo lo ves?
Por un lado, habría que analizar cómo estaría el mercado hoy si se pudiera dar triple play. Hoy, sólo lo pueden dar las compañías de cable, salvo Cablevisión que no le dieron su numeración, pese a que la tenía pedida, pero las telefónicas no pueden dar contenidos en vivo. Si este mercado se uniera, estaríamos hablando de casi 15.300 millones de pesos. Cuando vemos la facturación de Telecom, Telefónica y el Grupo Clarín, podríamos decir que esa cifra tienen el 30%, el 28%, y el 22%, así que estaríamos hablando de un 74% del mercado concentrado en manos de estos tres grandes jugadores.
El otro tema a considerar es si al unir estos tres mercados habría una posibilidad de que entre un nuevo jugador. Hay jugadores de nicho, hay jugadores chicos pero básicamente la cantidad de clientes que tendrían estos tres grandes jugadores, inclusive la facturación, harían muy complejo para que nuevos jugadores podrían tomar la envergadura de estos tres.
Hay un nuevo impedimento que se pone en este proyecto de Ley, que implicaría que para dar radiodifusión la compañía no debería tener más del 30% de capitales extranjeros. Con lo cual quedaría excluida Telefónica, y si se da la obligación del dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, donde Telecom Italia debería dejar Telecom Argentina, podría pasar que Telecom fuera la única telefónica que diera TV paga a través de su red.
¿Quienes son los más perjudicados con el proyecto oficial?
Después de las propias declaraciones de Néstor Kirchner, es el Grupo Clarín el más perjudicado. Ahora, también va afectar a los chicos porque si realmente pudiera entrar una telefónica, probablemente sea amigo del gobierno de turno, con lo cual esa misma compañía estaría compitiendo con cables chicos del interior y de alguna manera concentraría también el mercado.
En el escenario que usted planteó, Telefónica, debido a la Ley de bienes culturales, de no tener más de un 30% de capitales extranjeros. ¿Pero España no tiene tratados de reciprocidad e inversiones con la Argentina?
Sí.
Uno de los debates en el Congreso la semana pasada, figura en un artículo de la Ley, que las excepciones a la titularidad de extranjeros estaban dadas por la existencia o no de un tratado en defensa de inversiones. Si fuera así Telefónica sí podría operar una empresa de esta naturaleza…
Sí, el tema es que podrían plantear impedimentos las demás compañías, y de alguna manera dilatar la entrada de Telefónica en el mercado.
El otro aspecto que usted plantea es que Cablevisión no recibiría numeración. ¿Es posible que este escenario se sostenga?
Realmente no, bajo la Ley vigente que rige actualmente, pero también es poco sostenible que hace dos años se haya aprobado la fusión de Multicanal y Cablevisión, y hoy se decide que esa fusión no es válida. La realidad es que se cambian las reglas del juego constantemente y claramente no beneficia las inversiones de los operadores que quieran ingresar al país.
En el marco del envío al Parlamento del documento oficial que contiene los nuevos lineamientos que el Gobierno pretende imponer en materia de medios de comunicación, el ex secretario de Comunicaciones del Gobierno de la Alianza, Enoch Aguiar, aseguró que tiene un visión centrada en Buenos Aires y que “los grandes ganadores serán las telefónicas”.
¿Cuál es su visión sobre los puntos contenidos en este proyecto?
En primero lugar, es bueno que se trate la Ley de Radiodifusión porque era necesario cambiarla. En segundo término, el proyecto oficial es bastante parecido al que había sido presentado hace unos meses por la Presidenta, tiene puntos buenos pero también puntos flojos que deberían ser mejorados. Uno de apuntes más serios, problema político por medio entre Clarín, es que, si bien el proyecto tiene la intención de eliminar la concentración excesiva, permite la entrada de las telefónicas en la radiodifusión, que son diez veces más grandes que Clarín. Si esta Ley se aprueba, se corre el riesgo de matar a todos los intermedios, cables medianos y chicos, que quedaron a fuera de fuego.
Con lo cual, el proyecto tiene que prestar atención, no a sus objetivos políticos de corto plazo, sino cuáles son sus efectos en la radiodifusión, y sobre todo en el interior del país. Es un proyecto pensado sólo para Capital.
¿Es tan así? ¿Es tan fuerte la diferencia con el Interior?
Según el proyecto, nadie puede tener más de diez licencias de radiodifusión. Supongamos que usted es una asociación civil que ayuda a comedores de las barriadas lejanas, y teniendo una pequeña radio FM de corto alcance ayuda a esa tarea de formar a la gente, de hacer programas participativos, etc. Si usted tiene diez y quiere tener una onceaba,no puede. Sería una pena.
Ahora, si usted tiene diez canales de televisión que cubren las diez principales ciudades del país, estaría en igualdad de condiciones, pero no es lo mismo diez billetes de dos pesos que diez de cien dólares. Entonces, hay muchos criterios cerrados, como dogmáticos, que podrían ir en contra de las legítimas aspiraciones de abrir la radiodifusión.
¿Esto podría corregirse con alguna cláusula?
El proyecto no es recién nacido, sigue la tradición de muchos que hemos presentado hasta la fecha.
En la época de De La Rúa hubo un proyecto…
Sí, pero no me gustaba mucho, por eso no participé. Sí redacté el proyecto que Alfonsín mandó al Congreso de la Nación en abril del `88, que presentaba una estructura, con una autoridad, con un consejo consultivo, con un defensor del público, al igual que el actual. Lo que me extraña es que no se haya puesto el derecho a réplica que es absolutamente necesario. Hay muchas cosas que pulir, y otras están en línea con lo que presentaron más de 70 Diputados o lo que ha hecho el Poder Ejecutivo.
Un ejemplo que tiene que ver con el interior: se habla en el proyecto actual de 40% de producción propia. ¿Sabemos cuánta producción propia pueden hacer canales de interior que apenas si tienen la publicidad de las empresas locales en zonas donde el 60% del empleo es público y casi no hay actividad privada? ¿No será una norma que tiene que ver más con Capital que con el interior? Se trabaja sobre obligaciones y no sobre incentivos, promoción, subsidios, y no se ve la necesidad de hacer acciones suplementarias para que pueda haber pequeñas producciones locales.
El proyecto de Ley que se presentó viene a reemplazar al de la Dictadura. Este es sobre servicios audiovisuales, es un concepto diferente, con la TV por cable como eje central…
El cable ya estaba como servicio complementario bajo la Ley. Lo que probablemente entre en la Ley, tal como está definido en comunicación audiovisual, es lo que se hace llamar la “webTV”. Es decir, un portal que haga televisión pero que no sea por frecuencia. Aparentemente entraría tal como está la definición.
¿Es necesario que el cable termine siendo regulado de la manera como está? Porque es una de las criticas de toda la oposición en este momento…
Hay algunas cosas con las que uno no estaría de acuerdo. Un cable es un tendido físico, no hay escasez. Puedo poner un cable igual que una empresa de celulares que tiende una red, quiero decir, todos los demás tienden esta red y no tienen ningún límite. Un cable no tiene por qué renovarse cada diez años, no tiene sentido poner renovación en algo que no tiene escasez.
El concepto de renovar es que no ocupen todo el lugar cuando hay pocos lugares. Ahora, si los lugares son infinitos no hace falta la renovación.
Si se dice que se van a dejar entrar a las telefónicas, ahí la comparación es imposible de sostener porque estas tienen sus redes a perpetuidad, para los próximos 50 años, ¿y los cables tendrían que ser desenterrados a los 20 años porque no podrían tener prorrogas? Es un disparate.
En relación a las redes que tienen las telefónicas, suponiendo que el proyecto se apruebe como está y el mercado se adecue a lo que la Ley diga, las telefónicas están en condiciones técnicas de transmitir televisión por sus redes?
Lo que tienen las telefónicas es el tendido hecho, con el servicio público de ENTEL primero, y lo que hemos pagado todos después. Esas redes no están mediatamente listas para dar televisión, pero si usted es una empresa de cable que tiene que empezar desde cero, realizar el tendido y para llegar a un usuario tiene que gastar 100. Si ya tiene el tendido, las centrales, el personal para hacer el up-grade para dar televisión, tiene que gastar 20.
Dado que las empresas telefónicas están haciendo 3.500 millones de dólares promedio de ingresos por año; un tercio de esto es plata libre que les queda para disponer, lo que da 1000 millones de dólares por año cada una, es casi lo que cobra todo el cable en todo el país. Es decir, lo que a uno le sobra el negocio global del otro. Si las telefónicas deciden aplastar a todo el resto, es cuestión de decisión.
El tema de precios, y la posibilidad de que haya mayor competencia, ¿no va a ser positivo considerando que los cables tienen tarifas bastante elevadas?
Va a haber algún nivel de competencia superior, pero todo lo que tiene que ver con precios hay que verlo en el corto y en el largo plazo. Por ejemplo, si soy una telefónica y vengo a pelear contra un cablero, primero voy a poner un precio más bajo porque me sobra resto para bajarlo, sin importar ir al costo o por debajo del costo. Apenas aparece mi competidor, quedo solo en la plaza y lo subo, entonces lo que importa no es si en el corto plazo suben y bajan los precios, sino si en el largo plazo se mantienen siempre en condiciones de competencia para que ni el cable ni el otro, sientan que si se abusan un poco del usuario entra otro y les arrebata ese margen. Lo importante es genera la máximas condiciones de competencia y en el corto y largo plazo así nadie esté seguro.
Esta semana se presentó el proyecto de Ley, pero las dos anteriores hubo varias novedades vinculadas a las telecomunicaciones: la resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia con respecto a Telecom; la Corte Suprema que dictaminó su fallo en relación a la fusión de Cablevisión y Multicanal; la decisión del Poder Ejecutivo con respecto a la TV digital. ¿Es casual todo esto?
Me parece que la intención del Gobierno es que la Ley de Radiodifusión vaya junto con el tema de Telecom. Hoy se le está diciendo a Telecom Italia: como usted tiene de socio a Telefónica, ésta no puede estar en Telefónica de Argentina y en Telecom de Argentina. Ahora, si se debaten las comitales, tienen que venderle a alguien. Ese alguien va a tener que ser aprobado por el Poder Ejecutivo. Simplemente hay una coincidencia, ustedes sacarán sus conclusiones. En el momento que digo “voy a darles la posibilidad a las telefónicas de hacer radiodifusión”, voy a nombrar en breve a alguien que entre a Telecom.
Preferiría despejar toda duda y sospecha diciendo “no, las telefónicas no pueden entrar en las radiodifusión hasta tanto en las propias telecomunicaciones haya mucho más nivel de competencia”.
A pesar del escaso tiempo transcurrido, la victoria en las legislativas del PRO peronista sobre el Frente Justicialista para la Victoria en Capital y en la provincia de Buenos Aires, ya empezó a abrir un nuevo periodo de cara al futuro de algunas cuestiones vinculadas a los servicios públicos. Es que, la pérdida de bancas en diputados y senadores del kirchnerismo abrió el juego a un mayor debate por temas como los aumentos de tarifa en los combustibles, nuevos incrementos en el transporte público y, sobre todo, las modificaciones pendientes sobre el proyecto de Ley de Radiodifusión.
En este sentido, fuentes consultadas por Algo en Común Blog aseguran que, en estas condiciones, “hay que olvidarse de que se apruebe tal como está la iniciativa anti-monopolio de las telecomunicaciones”, que había sido, aunque con algunos aciertos, un tiro por elevación al grupo Clarín. Así, se especula que a las empresas de telefonía, hoy, les costará un tanto más ingresar al mercado para competir con las cableras en el sector Triple Play.
Por otra parte, ya se están preparando incrementos tarifarios en el transporte de media y larga distancia, y subas para las tarifas de los taxis porteños. Además y a pesar de la caída política en la provincia, se mantendrá el acuerdo con los municipios por las excepciones tarifarias a los usuarios de energía eléctrica, que, si bien no fueron firmados, seguirán vigentes.
Los combustibles, por su parte, subirán algo más de lo que lo hicieron el fin de semana (entre el 3 y el 4%), mientras que no se esperan modificaciones, al menos en el corto plazo, en el GNC.
En último término, la posible estatización de compañías sigue siendo tan improbable como antes de la definición en las urnas. Pocos tomaron en serio las declaraciones de Francisco De Narváez al mencionar que se necesitaría que el Estado administrara empresas como Metrogas, Edesur y Edenor. De todas maneras, entre las empresas, la versión generó cierto revuelo que, tras el sufragio, pasó a ser sólo una anécdota más de campaña.
En el marco del Congreso de Televisión por Cable realizado la semana pasada en Rosario, el sector reiteró su pedido de que, al momento de tratar la nueva Ley de Radiodifusión, se impida que las telefónicas ingresen al negocio de la TV paga. El reclamo, similar al que se manifestó en las jornadas organizadas por la Asociación de Televisión por Cable (ATVC) en 2008, se contrapone a la tendencia que hoy sigue el mercado: tres servicios en un solo proveedor (triple play), que actualmente sólo es prestado al 100% por la empresa del dirigente bonaerense Alberto Pierri (Telecentro), en el Oeste de la provincia y en Capital Federal.
El sábado último, en conversación con Algo en Común Radio (AM 1190, Radio América), Walter Burzaco, presidente de ATVC, manifestó su descontento por la posibilidad que se les da a las empresas de telefonía: “Son grupos monopólicos”, señaló, y explicó que “tienen una infraestructura muy desarrollado que les permite hacer cosas que nosotros no podemos lograr”. Además, defendió con vehemencia las tarifas actuales del servicio al decir que “no son caras”, y que “subieron por la devaluación del peso, que impactó fuerte en los costos de las transmisiones internacionales, como, por ejemplo, los derechos para la televización de torneos de tenis como Roland Garros”.
Lo cierto es que, desde 2001 a esta parte, la televisión por cable registró un incremento tarifario cercano al 150%, con una notable reducción de la calidad servicio, con la codificación casi total de los torneos de fútbol local y una grilla de películas obsoleta y repetitiva. Además, y en contra a lo que la ley establece, es cada vez mayor la publicidad que se factura en las señales, inclusive hoy hay cortes publicitarios en medio de las películas, algo que, a priori, no está autorizado.
En este marco, cabe destacar que, en muchos casos, lo que un hogar gasta por televisión por cable e Internet sigue siendo igual o mayor a lo que invierte (aumentos de tarifa incluidos), en servicios públicos esenciales como el gas, la luz y el agua. Los datos preliminares que se desprende de la encuesta aún vigente el blog de Algo en Común, señalan que más de la mitad de los votantes gastan más, por mes, en TV por cable que en el resto de los servicios.
De todas maneras, Burzaco insistió que “la oferta del cable es amplia, y que no hay monopolios”: “la gente puede elegir, no es rehén de un solo proveedor”, dijo. Lo que en realidad molesta a las cableras es lo que pueda pasar luego del 28 de Junio cuando se empiece a debatir en el Congreso la Ley de Radiodifusión. Es que hoy, tanto Telefónica como Telecom hicieron múltiples alianzas con Direct TV, para facilitar descuentos en TV a los usuarios de banda ancha de las telcos, y beneficios en la conexión a Internet a los que ya gozaban de servicio de televisión digital. Además, las compañías ya expresaron públicamente que hace años que vienen trabajando y planeando inversiones para entrar a un sector que, más allá de los intereses en danza, hoy no muestra variantes de competencia que mejoren la oferta y los niveles de precios, todos detalles que perjudican sólo a un sector: los usuarios.
*Lea más sobre el crecimiento del Triple Play en Argentina en el número de junio de Algo en Común Revista.
