A días de haberse presentado el informe de Bomberos que critica a las ciclovías por entorpecer el paso en emergencia, el legislador porteño por la Coalición Cívica Sergio Abrevaya se refirió al tema y aseguró que “fue un gasto innecesario”.
¿Cuál es su visión sobre las ciclovías?
Creo que ha sido un gasto innecesario. Además, la separación física que se ha hecho entre las ciclovías y el resto de la calle (el equivalente a un cordón de vereda) favorece al ciclista pero perjudica a los automovilistas.
¿Tienen un cálculo, aunque sea estimado, de cuánto se invirtió?
Creemos que se gastó alrededor de $80 millones.
A pesar de su crítica, ¿no cree que habría que darle tiempo a la medida?
Que a la larga nos terminemos acostumbrando no quiere decir que la medida sea positiva. Me parece que está bien cumplir con la ley de Bicing, pero no de este modo. Lo de los pilares que separan de la vereda no está contemplado en la norma, y perjudica, no sólo a las fuerzas de seguridad cuando trabajan en emergencias, sino a la gente mayor, a los chicos y a la gente con movilidad reducida porque, en muchas calles, no pueden bajar seguros de un auto.
Según un estudio conjunto de Carlos Fara y Asociados y la consultora Prince & Cooke, un 86,8% de los usuarios de telefonía desconoce la expresión "portabilidad numérica", siendo mayor el conocimiento entre los niveles socioeconómicos más altos. El trabajo, que tomó como base la opinión de 442 usuarios de telefonía del AMBA, se preguntó por la posibilidad de conservar el número ante cambios de prestador y respecto de la telefonía fija. El 65,2% de los usuarios de nivel socioeconómico (NSE) alto la consideró "muy importante", en tanto así lo hizo el 59,1% de los de nivel medio y el 36,6% de los de nivel bajo. Consultados sobre si estarían dispuestos a pagar por conservar el número (sin distinguir fijo de celular), un 38,3% del nivel alto indicó que sí, frente a un 27,5% del nivel medio y un 24,1% del nivel bajo.
El representante legal de Usuarios y Consumidores, Horacio Bersten, explicó que se trata de un fallo por un dinero mal cobrado en el primer semestre de 2001. Lo recibirán los usuarios que, en ese entonces, eran clientes de CTI y, hoy, lo son de Claro!. Asimismo, denunció: “Si desde una asociación de consumidores no se hacía nada, nunca se iba a devolver el dinero”
Esta semana se conoció un fallo que condena a la empresa propiedad del mexicano Carlos Slim a devolver a lo usuarios un dinero mal cobrado, ¿de qué se trata esto?
Entre febrero y junio de 2001, las empresas de telefonía celular cobraron a los usuarios una tasa de control para el organismo regulador y una tasa de servicio universal que no se podía cobrar. La tasa universal debía abonarla la empresa y, no sólo la traspasó a los usuarios sino que, además, nunca la integró al fondo fiduciario.
¿Y este fallo condena sólo a Claro!?
Sí, se da recién ahora porque los procesos judiciales, en Argentina, son muy lentos. El fallo ordena devolver el capital pero también hay una multa y una tasa de interés que, ambas, cuadriplican, más o menos, el valor original. Esto ya había sucedido con Movistar, que ya devolvió el dinero a los clientes activos, y, ahora, recae sobre Claro!, en nombre de CTI Móvil.
¿Qué va a pasar ahora, entonces, cómo se va a instrumentar la devolución?
En 90 días, la empresa deberá reintegrar el dinero en la propia cuenta de los usuarios activos. Para los usuarios no activos, todavía se está discutiendo porque no se sabe bien cómo se va a hacer.
¿Se puede estimar de cuánto dinero estamos hablando, en promedio?
Es difícil porque se trata de porcentajes que se cobraron respecto del nivel de consumo, entonces depende de eso: la tasa universal era el 1% y la del ente regulador, el 0,5%; ambas, entre febrero y junio de 2001. Pero puede ser entre $10 y $60 pesos de capital que, con intereses, se iría a entre $50 y $300 en total.
¿Cómo se llegó a este fallo?
A partir de acciones judiciales impulsadas por la asociación de consumidores, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) no hizo nada y si nosotros no denunciábamos, nunca se iba a devolver.
Por último, Bersten, ¿cómo está el tema de la portabilidad numérica?
Tiene que expedirse la Corte porque el Poder Ejecutivo apeló el fallo de Cámara. Y la Corte no tiene fecha para dictar sentencia. Lo que sí hay que saber es que, en materia de comiunicaciones, cada día cuenta por diez: en 2001, cuando se ordenó la portabilidad numérica, había 7 millones de celulares; hoy, hay más de 40 millones. Es decir, el escenario cambió mucho.
¿La portabilidad es para ser aplicada a telefonía fija, móvil o a ambas?
Por ahora, se apunta a la portabilidad en celulares porque el cambio de empresa entregando la misma numeración no implica más que una adaptación del software y no hay mayores complicaciones técnicas como sí ocurre en la telefonía fija.
En diálogo con Algo en Común Radio, el legislador porteño del PRO, Oscar Moscarielo, adelantó que ése sería el plazo restante para que los damnificados por las inundaciones de febrero accedan a la retribución económica.
El viernes pasado, en la Legislatura, se llegó a un acuerdo por el tema del subsidio a las inundaciones…
Lo que hemos hecho es eliminar el monto tope de los subsidios (antes era de $8 mil), y destinar el 1,5% de lo que se recauda en concepto de ABL para cubrir todos los reclamos que se han hecho. El fondo tiene $20 millones y servirán para cubrir las indemnizaciones por una inundación que fue récord.
¿Cuándo va a poder cobrar la gente? Porque ese es el principal inconveniente, el retraso en los pagos…
Le hemos dado plazo a la gente para que se presentara con un reclamo, por eso hubo demoras. Hoy, estamos en un proceso de verificación de los reclamos. Por el momento, el 50% de los reclamos son por daños en vehículos, el 40 por inmuebles, y sólo el 10% por comercios.
Pero no ha dicho aún la fecha, ¿cuándo la gente va a poder acceder al dinero?
Calculamos que en 30 días. O sea, para el alrededor del 30 de abril, ya tendrían que estar cobrando.
Por último, ¿están en condiciones de decir cuándo, mediante las nuevas obras, se va a terminar de inundar Buenos Aires?
A mitad del año 2011, se va a terminar el Primer canal aliviador del Maldonado. Eso va a solucionar un parte del problema de las inundaciones. Luego, en 2012, se concluirá la segunda parte del aliviador. Ambas obras están en marcha y tienen financiamiento asegurado.
En un artículo exclusivo para Algo en Común Blog, el Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Anselmo Sella, analiza el panorama del acceso al agua, en el marco del Día Nacional del fluido, que se conmemora el 31 de marzo.
Por Anselmo Sella
Actualmente, ya no se discute que exista un derecho humano al agua en su calidad de recurso insustituible para la vida. Se trata de un derecho de carácter individual y colectivo, pues mientras cada ser humano necesita acceder al agua para vivir, los pueblos -en su conjunto- necesitan el agua no sólo para garantizar su supervivencia, sino como insumo básico para lograr su desarrollo.
Vale decir que el derecho al agua no es simplemente un concepto abstracto o un ideal, sino un verdadero derecho con todo su contenido jurídico, fundado en el principio de dignidad del ser humano y cuyo resguardo requiere que se garanticen, al menos, el acceso ininterrumpido, la calidad, tarifas razonables y la universalidad, y esto último implica que, Inclusive, aquellas personas que no poseen medios económicos deben tener, de todos modos, acceso al agua. Pero hay otros principios que es necesario vincular a la temática: se trata de los principios de igualdad y no discriminación.
Y quiero mencionarlos especialmente en la comprensión de que los mismos se aplican en las dos dimensiones a las que antes hice referencia: en el plano individual, evitando la discriminación entre personas, brindando acceso a todos los ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones, garantizando el acceso de las familias que no tienen medios para afrontar el pago de una tarifa. En tanto, en el plano colectivo, impidiendo que las diferencias se ciernan sobre los pueblos, tanto a nivel global como al interior de los Estados.
En conexión con esta cuestión, podemos decir que, en nuestro país, en general, es alto el porcentaje de población que dispone de agua potable (más del 75%), pero, considerando determinadas zonas, encontramos que, en el Conurbano bonaerense, el 60% de la población no tiene acceso a agua segura, agregando que, en departamentos del interior de provincias como Chaco, Formosa o Santiago del Estero, esos datos empeoran notablemente. Mala es también la situación relativa al saneamiento ambiental: más del 50% de los hogares argentinos no tienen servicio de cloacas y, en algunas regiones, hasta el 80% no cuenta con este servicio.
Es imprescindible plantear la cuestión ambiental, ya que el derecho al agua no estará garantizado en la medida en que no se cambie la relación de nuestra sociedad con el ambiente y que siga existiendo contaminación de los cursos de agua superficiales y subterráneos, tal como ocurre en muchas zonas de nuestro país, como en las cuencas del Matanza-Riachuelo y del Salí-Dulce, entre otras.
En Argentina, si bien hay consenso acerca de la operatividad de los derechos humanos, se considera normal que los derechos sociales y ambientales no lleguen a concretarse a través de políticas públicas, sin el previo reclamo social e intervención judicial coercitiva.
La Constitución Nacional es un programa político vinculante en su normatividad, pero en lo que se refiere a estos derechos el Estado históricamente ha mostrado una fuerte despreocupación y la comunidad ha tenido que instalar el reclamo permanente y acudir muchas veces al imperio de la justicia para lograr su cumplimiento.
Por ese motivo, debo advertir que cada vez que la justicia tiene que intervenir en cuestiones ambientales, previamente hay un poder administrador que ignora o evade el mandato constitucional encaminado a garantizar el derecho al medio ambiente sano y limpio y sus derechos conexos.
Tengo la convicción de que el incremento en los niveles de observancia de los mandatos constitucionales requiere del desarrollo de una cultura política ambiental que, en la actualidad, es apenas incipiente.
En definitiva, sin agua para todos, sin medio ambiente adecuado para las actuales y futuras generaciones, sin cultura política del respeto de los derechos humanos, se debilita la dignidad del hombre y la democracia se transforma en un concepto sustancialmente limitado.
Gerardo Ingaramo, legislador porteño por el PRO, es autor del proyecto de “vagón rosa”, exclusivo para mujeres y niños. En diálogo con Algo en Común Radio, explica cuáles son los objetivos de la medida y por qué, en principio, se aplicaría a la línea H, la menos usada. Cómo fue la experiencia en otros países y cómo se implementaría en Buenos Aires.
¿Cómo surgió la idea de implementar un vagón exclusivo para mujeres y niños?La idea surgió porque hay una realidad en la forma de viajar, hoy, en el subte: un abarrotamiento de gente, sobre todo en horas pico. A partir de esto, identificamos a los sectores de alta vulnerabilidad, que son las mujeres y los niños y, para paliar esto, se tomó como ejemplo lo hecho en otros lugares del mundo (India, Japón, México) e implementamos los vagones exclusivos para mujeres y niños.
Esto comenzó a partir de dos denuncias de acoso en la línea D, ¿por qué se implementa, entonces, en la línea H?Se hace en la línea H porque es en la única línea en la cual Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y la CABA tienen plena jurisdicción. Lo que queremos es hacer una primera experiencia y que, luego, se replique en las otras líneas.
¿En qué estado está el proyecto?Está en tratamiento en la Comisión de Tránsito y Transporte, tiene que debatirse primero allí para, después, pasar a su discusión final en el recinto de la legislatura.
¿Cómo funcionaría el “vagón rosa”?La exclusividad para mujeres y niños se aplicaría a un solo vagón por formación y, en principio, en horarios pico.
¿Como resultó la experiencia en otros países?Muy positiva. En México y en Brasil resultó muy exitosa, por eso estamos tratando de implementarlo aquí. También se aplica exitosamente en India y Japón.
A continuación reproducimos el texto completo de la presentación elaborada por los ocho ex secretarios de Energía del radicalismo, menemismo y la Alianza, respecto a la política petrolera argentina en las Malvinas. "El Desarrollo Petrolero Argentino en el Mar y sus Derechos Soberanos en Malvinas" 1- NUESTROS INTERESES PERMANENTES Frente a la decisión británica de avanzar en tareas de exploración petrolífera en la Plataforma Continental en el mar que rodea las Islas Malvinas, manifestamos que esa actitud menoscaba nuestros derechos a la explotación económica exclusiva de dichos recursos. Es por ello que expresamos nuestra adhesión a los reclamos formulados desde el Gobierno Nacional y otros órganos de la sociedad civil respecto a la defensa de nuestros intereses permanentes. Gran Bretaña mantiene aún resabios de su historia colonial, que en América se expresa actualmente casi con exclusividad en la ocupación del archipiélago de Malvinas. Estimamos que en el futuro la cuestión de fondo será inexorablemente resuelta conforme al derecho internacional, resguardando los intereses de los habitantes. Pero es indudable que la explotación de eventuales reservas de hidrocarburos en la inmensa superficie marina que circunda las islas que pertenece a la plataforma continental argentina -por ser la continuación sumergida de nuestro territorio- constituye un hecho nuevo, típico del colonialismo en el Siglo XXI. El Desarrollo Petrolero Argentino en el Mar y sus Derechos Soberanos en Malvinas. 2- LA POLÍTICA PETROLERA ARGENTINA DEBE APUNTALAR SUS RECLAMOS SOBERANOS Los Ex Secretarios de Energía, en nuestro documento "PROPUESTA DE UNA POLITICA DE ESTADO PARA EL SECTOR ENERGETICO ARGENTINO" (2009) hemos propuesto al Gobierno nacional y a las fuerzas políticas los lineamientos de una política de Estado para el sector tendiente a ser aplicada sin discontinuidades en los próximos 20 años. Esa política incluye como tema prioritario la exploración y explotación de los hidrocarburos de todas las cuencas sedimentarias de nuestra plataforma continental como forma de revertir la actual decadencia productiva. En este contexto afirmamos que no es conducente la queja sin el acompañamiento de la acción. Es correcto denunciar que no corresponde explotar riquezas de un territorio en disputa, pero además es perentorio afrontar la exploración del mar argentino en su inmensa superficie casi virgen, sin conflicto alguno jurisdiccional y con el invalorable apoyo logístico que significa todo el territorio argentino y la industria petrolera argentina con experiencia de más de un siglo. Este capítulo de nuestro documento merece en consecuencia un tratamiento urgente por lo que ponemos a consideración del Gobierno (Poder Ejecutivo y Congreso Nacional) y de las fuerzas políticas una propuesta específica. 3- UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO PETROLERO EN EL OFF SHORE ARGENTINO Principales contenidos a desarrollar: a) Diseñar un Plan Estratégico para la exploración de hidrocarburos durante la década 2011-2021 en el Mar Continental Argentino, (incluidas Malvinas), que pertenece a nuestra zona económica exclusiva. Este plan debería denominase "Plan Argentino para el Desarrollo Hidrocarburífero en el Mar". (PDHM). b) El PDHM, deberá ser aprobado por una Ley del Congreso Nacional.El Desarrollo Petrolero Argentino en el Mar y sus Derechos Soberanos en Malvinas 11 de marzo de 2010 3 c) El PDHM estará destinado a estimular la actividad exploratoria mediante la movilización de aportes y esfuerzos de capitales genuinos de riesgo dispuestos a cooperar coordinadamente con el Estado nacional en la exploración de hidrocarburos. d) Se promoverá una amplia participación de empresas e inversores de todo el mundo, priorizando a la región. e) Para ello resulta imprescindible que la estabilidad jurídica y la previsibilidad tributaria sean consagradas por esta ley, de manera que los inversores que asuman el riesgo exploratorio cuenten con reglas claras, competitivas y estables. f) La licitación pública abierta será el instrumento central para promover la actividad exploratoria. g) Se deberá crear un organismo del Estado, autónomo, en reemplazo de Enarsa, el que entre otras funciones tendrá la de constituir la autoridad de aplicación de la Ley. h) Se adecuará la estructura funcional de la actual Secretaría de Energía de acuerdo a este nuevo escenario. FIRMANTES: *Jorge Lapeña (1986-1988), Roberto Echarte (1988-1989), Raúl Olocco (1989), Julio César Aráoz (1989-1990), Daniel Montamat (1999-2000), Emilo Apud (2001), Alieto Guadagni (2002) Enrique Devoto (2002-2003).
