El gobierno decidió avanzar con el control del servicio de telefonía móvil mediante una normativa complementaria para mejorar los estándares de calidad y reducir el alto nivel de quejas contra celulares. Según publica hoy el diario Tiempo Argentino, se elaboró a los fines el “Reglamento de Calidad de los Servicios de Comunicaciones Móviles”, un documento de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) que, a lo largo de 15 artículos, exige, entre sus puntos más salientes, que las empresas de celulares “humanicen” la atención. La normativa pretende que, por ejemplo, las líneas de reclamos, quejas y 0-800, se encuentren habilitadas las 24 horas, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de ser atendidos por personas, y no por máquinas.
El trabajo fue girado en las últimas horas por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) a las más de 20 asociaciones de consumidores que participan en las reuniones para instrumentar la migración de clientes de la extinta Fibertel. La finalidad es que las organizaciones lo lean en detalle y aporten lo que crean conveniente para mejorarlo. Luego de eso, la versión final será transformada en una resolución oficial de la Secom, que tornará obligatoria su aplicación en todo el territorio federal.
“Es un proyecto que intenta replantear los parámetros de calidad, que son bastante confusos, para que el usuario los comprenda más claramente. Y para eso queremos darle participación a las ideas de las ONG”, explicó el interventor de la CNC, Ceferino Namuncurá. El funcionario aseguró además que “no se superpone con la ley de marco regulatorio que está en Diputados, sino que la complementa”.
De hecho, el escrito sólo habla de calidad, claridad en la información y atención a los clientes. En ningún momento se refiere a controles tarifarios y audiencias públicas para autorizar subas en los planes, todas reglas que sí están en la iniciativa que impulsa la Cámara Baja.
En su artículo 7º, la norma –que nació con un fuerte respaldo del Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido– establece que los prestadores de celulares (MoviStar, Personal, Claro y Nextel, y los operadores pymes y cooperativas) “deberán implementar un sistema de medida del nivel de calidad (…) desagregado”, para permitir que la autoridad de control procese los datos y analice sanciones, en el caso en de que sea necesario.
Pero el punto más polémico y novedoso es el artículo 8º, que habla de la atención en los call centers: “los centros de atención telefónica deberán estar disponibles las 24 horas, todos los días del año, (…) y de forma gratuita”. Además, “los prestadores están obligados a brindar la opción de ser atendidos por un operador humano”.
Por último, cada compañía deberá elaborar un mapa de clientes, zonificado y actualizado; y un detalle la cantidad de líneas en servicio.
El director del CESVI opinó sobre la alta participación de los colectivos en accidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Reclamó por más capacitación para los choferes y una mejora en los sistemas de control y sanción.
Las estadísticas de víctimas fatales a causa de accidentes automovilísticos en la Ciudad de Buenos Aires muestran que en lo que va del año ya se igualó la cantidad de muertos que en todo 2009. ¿Cómo ven estas cifras desde el CESVI? Preocupados, en principio. Está claro que está influyendo la creciente cantidad de vehículos que transitan pero lo alarmante es cómo se disparó el nivel de participación del transporte público en la cantidad de accidentes con víctimas fatales. El problema entonces es tratar de modificar cómo se maneja, porque uno ve que el chofer siempre trata de ganar espacio para poder transitar más rápido.
¿Qué medidas deberían tomarse para empezar a encontrar una solución? Bueno, decisiones urgentes, sería tomar medidas de control. Pero, después, hay que pensar en las medidas de mediano y largo plazo. Para eso, hay que reestructurar el sistema de transporte para que la gente pueda viajar mejor. Hoy, el sistema público de transporte está colapsado. Además, el sistema de sanciones y control no está funcionando porque el chofer, a veces, ni se entera de que fue multado porque se termina negociando el pago de las boletas entre el gobierno de la ciudad y la empresa, por un monto global por el total de las infracciones de esa empresa.
¿Por qué cree que pasa esto de que los choferes no manejan acorde a las normas de tránsito, hay presión de las empresas? Yo creo que hay mucho de eso, en muchas empresas siguen penalizando por las demoras, con menos descanso, por ejemplo. Pero, también, hay una cuestión cultural muy arraigada de estilos de manejo. Y desarraigar eso implique una gran inversión por parte de las empresas, con capacitación, creando conciencia; algunas empresas lo están haciendo, pero sería fundamental que se hiciera en todas las compañías.
El Investigador Superior del CONICET habló con Algo en Común y opinó sobre los resultados del estudio psicofísico realizado a más de 1.000 conductores de colectivos.
Un estudio del CONICET verificó que el 49% de los choferes de colectivos de corta y larga distancia padecen somnolencia diurna, el 24% sufre de hipertensión, el 45% tiene sobrepeso y que el 49% fuma. ¿Estos resultados explican, en parte, la cantidad de accidentes que hemos estado registrando últimamente?
Justamente, lo primero que quiero señalar es que esto no fue para hacer un estudio sobre accidentología, aunque, obviamente, esté relacionado. Estos resultados se ven en la población en general, pero, claro, ni usted ni yo transportamos a 40 ó 50 personas por vuelta.
¿A dónde los llevaron estos primeros estudios?
En una segunda parte del estudio, lo que hicimos fue analizar la capacidad de respuesta y los reflejos de los choferes ante las necesidades que impone el tránsito porteño. Con determinados aparatos con los que cuenta el CONICET, verificamos que, alrededor de la sexta hora de trabajo dentro de la ciudad, se llega a una caída muy fuerte de la tolerancia y se llega a una caída en el tiempo de reacción y de alerta, a la vez que suben las hormonas típicas del estrés.
¿Cuál es la jornada actual de un chofer?
Ocho horas, y muchos de ellos trabajan horas extras. En este sentido, está el antecedente de Metrovías, en donde los trabajadores han logrado una jornada de 6 horas. Aunque, luego, muchos hacen horas extras, entonces, se desvirtúa el logro. Allí es donde debe aparecer el Estado. Porque si pasa lo mismo con los choferes y se logra una jornada de 6 horas, de nada serviría si, luego, todos los conductores van a hacer dos ó tres horas más por día como horas extras.
¿Pero aquí está el detalle de las empresas, cómo es la relación entre chofer y empresa?
Eso lo hemos detectado también en las encuestas que hemos hecho: hay una gran preocupación por parte de los trabajadores para llegar a tiempo de acuerdo a la exigencia de las empresas, ahí es donde debe controlar el Estado y no sólo subsidiar.
¿De cuánto debería ser la jornada laboral de los choferes de colectivos?
Nosotros estamos convencidos de que deben ser jornadas laborales de no más de 6 horas pero sin, luego, recurrir a extenderla haciendo horas extras de forma permanente. El problema es que activar un control para que esto no pase es sumamente complejo.
“Se puede quedar sin salir con sus amigas, pero nunca sin Internet”, “¿Todavía no tenés Internet por Banda Ancha?” o “Si tenés que cambiar, cambiá por la mejor calidad de Internet”, son algunos de los slogans publicitarios que hoy invaden los medios de comunicación. ¿El objetivo? Seducir al poco más de un millón de usuarios que, por la revocación que el Gobierno Nacional hizo de la licencia de Fibertel, podrían necesitar de un nuevo proveedor. Ni lerdos ni perezosos, y a algo más de dos semanas de haberse declarado la extinción operativa y fáctica de la empresa de Internet del Grupo Clarín, empresas, pymes, cooperativas, telefónicas y compañías de TV digital ya empezaron a acomodarse para ver cómo se reparten el 26% del mercado que, hasta hoy, tiene Fibertel. En el juego, como en casi todos los ámbitos de la economía nacional, hay algunos que corren con ventaja, a saber: Telefónica de Argentina ostenta el 35% del mercado de Internet a nivel nacional y Telecom el 33%. Son, además, las más conocidas, y las que, por la privatización de ENTEL, quedaron automáticamente en posición dominante por contar con las redes del cableado, una en la zona sur, y otra en la norte. Por todo esto, y por el potencial de inversiones que ya pusieron en marcha para optimizar y ampliar sus redes actuales, no es ilógico pensar que serán las elegidas para quedarse con buena parte de los usuarios a migrar. Otra carta fuerte la jugaron los proveedores independientes del servicio. Es el caso de, por ejemplo, Sion o la misma Telecentro, empresa de televisión propiedad del bonaerense Alberto Pierri. Su apuesta son los precios, son las dos compañías con los valores más bajos del mercado, al menos en los seis meses iniciales. Cobrarán entre $75 y $85, mientras que las telcos, con planes que incluyen teléfono fijo, superan los $100. Les juega en contra la disposición geográfica de las redes. Telecentro sólo está disponible en la zona oeste del Conurbano y una parte de Capital; Sion, en tanto, está más dispersa, aunque al no contar con red propia, pasado el tiempo de promoción, se suma a la cuota de la empresa el costo de utilización de la conexión telefónica, encareciendo el servicio hasta el doble de su valor inicial. La apuesta de las cooperativas también se hizo presente. Según la Comisión Nacional de Comunicaciones, hay casi 300 cooperativas con licencia para prestar Internet a nivel nacional. De hecho, las dos cámaras más fuertes del sector, Fecotel y Fecosur, ya le llevaron al Gobierno un plan de acción para dar igual calidad y mejor precio. La oferta asombró a propios y extraños: 3 meses gratis, y luego $84 (iva incluido), por el servicio de 1 Mega. Este sector tiene una ventaja, si se quiere, política: cuentan con el apoyo del secretario de comercio Guillermo Moreno, quien cuando era titular de la Secretaría de Comunicaciones, fue el que más respaldo dio a las cooperativas. Bajo esta gestión, se creó la primera empresa de celulares del cooperativismo (Nuestro), y se les dio participación activa en la provisión de comunicaciones, sobre todo en el Interior del país. Por otra parte, el Gobierno ya mantuvo reuniones con prestadores de Internet mayorista, con el objetivo de tejer alianzas con el sector cooperativo y llevar el servicio, de forma minorista, en Capital y el GBA. En este escenario, y si bien el plazo de 90 días para la migración está actualmente prorrogado por la medida judicial interpuesta por el Grupo Clarín, habrá que ver qué resolución toma la Justicia, qué escenario se desarrollará si Cablevisión (y Fibertel) se queda sin licencia y cómo se esquivará caer en los monopolios naturales. Desde ya, ésa será una tarea del central del Estado.
El presidente de la asociación Defensa del Usuarios y Consumidores (DEUCO) dio su visión sobre la disputa entre el gobierno y el Grupo Clarín por el tema Fibertel y reclamó por que no se concentre aun más el mercado en cada vez menos empresas que dan el servicio de Internet.
Esta semana varias asociaciones de consumidores estuvieron reunidas con las autoridades de la CNC respecto del tema Fibertel ¿cómo resultó la reunión?
Bueno, en primer lugar, nuestra entidad, previamente al caso Fibertel, había reclamado algo más, porque el 85% de los usuarios de Internet están suscriptos sólo en tres compañías: Fibertel (de Clarín), Speedy (de Telefónica) y Arnet (de Telecom). Las compañías más chicas no han podido crecer y se ha conformado un mercado oligopólico. Lo primero que planteamos nosotros en la reunión pasada es el reclamo para que se propiciara una ley que declare a Internet como un servicio público. Luego, reclamamos para que, ante una eventual salida de Fibertel, no se concentre aun más el mercado: con esta decisión del gobierno, de tres empresas dominantes pasaríamos a únicamente dos.
Entonces, en este sentido que Ud. plantea ¿La medida del gobierno perjudicaría, indirectamente, al usuario?
Nosotros no discutimos la decisión del gobierno pero sí exigimos esta necesidad: que esto no implique una mayor concentración, al igual que en los servicios de TV paga y de telefonía celular. Pero, aclaramos, que este reclamo no es de ahora, hace años que lo venimos planteando.
¿Es cierto que el titular de la CNC, Ceferino Namuncurá, se comprometió a garantizar la gratuidad del pase de compañía?
Sí, efectivamente. La resolución 102 que está relacionada con la garantía de gratuidad ante una necesidad de cambio. Esto nos parece bien. Pero, lo que pedimos es que la Cámara que nuclea a las empresas de Internet también se comprometan, por escrito y públicamente, a cumplir con esta norma.
Fibertel está comunicando que no va a desaparecer, ¿qué deben hacer los usuarios?
La CNC nos aseguró que Fibertel puede seguir y va a seguir operando hasta que esta decisión del gobierno sea confirmada por la justicia y quede firme. La empresa está amparada en la apelación que hizo. Si quedara firme, los usuarios tendrían 90 días hábiles, es decir entre 120 y 130 días, para cambiar de empresa.
Por medio de la resolución 98, la Secretaría de Comunicaciones reglamentó ayer la tan esperada portabilidad numérica, que permite a los usuarios de celulares que deseen cambiar de empresa conservar su número. Se trata de la aprobación de un régimen que había sido establecido en el decreto 764 del año 2000 y que debió ser implementado desde entonces, pero que el Ejecutivo nunca se dispuso a llevar a cabo. De hecho, una asociación de consumidores había reclamado ante la justicia la falta de implementación de la portabilidad numérica y el Estado Nacional había apelado repetidamente ya que la justicia, tanto en primera como en segunda instancia, había dado la razón a la asociación y le había ordenado al Estado la aplicación de la portabilidad.
Dando un vuelco a su negación de implementarla y con un proyecto de ley sobre portabilidad numérica en el Senado Nacional que iba a tratarse hoy y que contaba con los votos necesarios para lograr su aprobación, el gobierno se anticipa, indicando que esta decisión surge tras evaluar un proyecto elaborado por la comisión conjunta integrada por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y la Secretaría de Comunicaciones, encabezada por Lisandro Salas. “Es la confirmación de un derecho contemplado en el marco regulatorio de 2000”, explicó ayer Salas, tras una reunión con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, donde se habló del tema, sin hacer alusión a que la demora en la implementación se debía a dilaciones del propio gobierno.
Según fuentes del Ministerio de Planificación, el derecho a no ceder el número de celular en el caso de querer migrar de empresa o de plan regirá a partir de la publicación de la resolución; sin embargo, según un comunicado de prensa, trascendió que “la portabilidad numérica tendrá un plazo de implementación de 12 meses”.
Además, el comunicado aclara que “los costos del equipamiento necesario y el funcionamiento del sistema serán absorbidos por las empresas licenciatarias de telefonía móvil”. Según el cálculo oficial, la inversión en adaptar los sistemas rondará los U$S 40 millones. Básicamente, este dinero deberá ser utilizado, no para incluir nueva infraestructura, sino para crear una base de datos centralizada donde, ante el deseo de un usuario de cambiar, cualquier prestador pueda responder ante el pedido de inclusión en el servicio.
El proyecto de ley igual avanza
Según la agenda, hoy mismo los senadores iban a tratar en Comisión el proyecto de ley que disponía la portabilidad para la telefonía móvil y fija para números no geográficos. Con la novedad, los legisladores opositores se enojaron por la reglamentación anunciada este martes y decidieron firmar el dictamen de mayoría que incluye, además, a la telefonía fija.
“Se reglamentará la implementación simultánea de la portabilidad numérica para el servicio fijo, móvil, y de números no geográficos”, es lo que plantea el dictamen de mayoría firmado, hoy, durante un plenario de las Comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y de Derechos y Garantías de la Cámara alta, en una reunión que se realizó en el Salón Eva Perón del Palacio Legislativo.
Los senadores esperaban la presencia de Salas para poder intercambiar opiniones sobre la portabilidad. La reglamentación cambió el panorama, por lo que los legisladores decidieron que no necesitaban las explicaciones del funcionario y procedieron a firmar el dictamen, que incluye también los números de teléfonos fijos, algo que fue impulsado por el oficialista Luis Viana, el único de ese bloque que acompañó la iniciativa. Las otras firmas fueron de Adolfo Rodríguez Saá, Samuel Cabanchik, Juan Carlos Marino, Liliana Negre de Alonso, Luis Petcoff Naidenoff -titular de la Comisión de Derechos y Garantías-, José María Roldán, Norma Morandini y María Eugenia Estenssoro, que es la presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta.
Sería para los servicios de electricidad, gas natural por red y gas en garrafa. Apunta a subsidiar, únicamente, a los sectores más vulnerables, de cara a los aumentos de tarifa que se avecinan. Está dirigida a quienes reciben asistencia social, a discapacitados y a jubilados y pensionados de menores ingresos.
Ayer martes 10 de agosto, los senadores iniciaron el tratamiento en comisión de un proyecto que propone la implementación de una tarifa social para los servicios de electricidad, gas por red y garrafa. La discusión se abrió con una reunión en la cual participaron los especialistas Alieto Guadagni, Daniel Montamat y Fernando Navajas, a la cual asistieron unos 15 senadores.
En las exposiciones los especialistas opinaron acerca del proyecto de ley, al que los tres calificaron de muy prolijo y ordenado, y aprovecharon para dar su mirada sobre la situación energética del país. “Argentina está en un proceso de encarecimiento de la energía porque debe sustituir el gas que se acaba”, inició Guadagni, y completó: “Se terminó la energía barata y exportada y se viene la energía cara e importada”.
Tras elogiar la inclusión de la garrafa (el 60 por ciento de los más pobres no tienen acceso a la red de gas), Montamat consideró que la Tarifa Social es necesaria para “excluir a los que menos tienen de una futura recomposición tarifaria porque –destacó-, con los precios de hoy, no se cubren los costos y hay una distorsión de precios muy grave”.
A su turno, Navajas coincidió en que “hay una desactualización tarifaria que el gobierno implícitamente admite cuando acepta poner en la factura que el precio es otro y que está subsidiado”. Y, si bien aclaró que “el régimen de tarifa social se justifica en sí mismo porque viene a llenar un vacío”, admitió que “Argentina va en camino de una adecuación tarifaria que es necesaria”.
Como es la propuesta Desde septiembre de 2009, el Senado de la Nación se hizo eco de una serie de proyectos de ley que apuntaban a implementar una tarifa social para los sectores más vulnerables. Luego de casi un año de trabajo, las cinco comisiones intervinientes elaboraron un dictamen que es una versión unificada y consensuada de cinco preproyectos que habían sido propuestos por los senadores Sonia Escudero (del PJ Federal), que presentó dos, Gerardo Morales (UCR – CC), Daniel Filmus (FPV) y María José Bongiorno (FPV).
El proyecto de ley que se está discutiendo propone reducir en un 50 por ciento el costo de la energía, tanto del cargo variable como del cargo fijo, que se paga en la factura eléctrica y de gas, a la vez que se exime de pagar el IVA y el cargo por importación, en el caso del gas natural, y el de la Ley de Santa Cruz, en el caso eléctrico. Esto implicaría, en la práctica, una reducción final de cerca del 60 por ciento. No obstante, se invita a las jurisdicciones provinciales y municipales a sumarse a la exención de impuestos.En tanto, para la garrafa social, además de la exención del IVA, se propone igualar el precio de las garrafas al de su equivalente en gas natural, por lo que la reglamentación deberá fijar el cálculo del precio de la garrafa para quienes sean beneficiados por la tarifa social.
Respecto del alcance de la tarifa social, sería de aplicación en Capital Federal y el GBA, La plata y Gran La Plata para el caso eléctrico (única zona de jurisdicción nacional) y para todo el país en el caso del gas. No obstante, se invita a las provincias a adherirse al proyecto, aunque ya hay unas 15 provincias que aplican algún tipo de tarifa social eléctrica en su zona de competencia.
En 15 días, los senadores volverán a reunirse por este tema para escuchar a funcionarios del ministerio de Desarrollo Social y de Planificación Federal y Obras Públicas, así como también, con el director estatal de YPF, todos invitados para exponer sobre la necesidad de una tarifa social.
