¿Puede implementarse una Tarifa Única de electricidad?

Por Leandro Renou

Ante el revuelo que generaron los últimos aumentos de tarifa eléctrica, los análisis de situación, tanto en esferas oficiales como en el ámbito privado, comenzaron a darse de manera masiva, aunque en cuidado secreto. La primera autocrítica llegó desde el Estado: “fuimos desordenados, es cierto” reconocen en voz baja en Planificación, donde están convencidos de que el sistema tuvo errores de forma, aunque siguen sin reconocer que debería haberse hecho de manera más progresiva. Hace casi dos años, cuando se empezó a considerar cómo actualizar las tarifas, en la mesa del ministro Julio De Vido hubo, por lo menos, diez proyectos con diferentes matices que explicaban cómo subir los valores de la energía eléctrica sin perjudicar directamente a los sectores residenciales. Uno de ellos, quizás el más perfectible, se gestó en el seno mismo de una de las privatizadas: proponía no relacionar consumo con poder adquisitivo, sino mapear Capital y el Conurbano por áreas (como luego hizo Macri con el ABL) para así hacer una especie de primitiva tarifa social, donde paga el que puede, más allá del uso que haga de la energía.

Desestimado por el Gobierno, el proyecto quedó en los cajones de algún CEO, mientras el oficialismo se decidía por otras alternativas, aunque con el toque K. Así, implementaron la segmentación por consumos que se hace en el Interior del país, con una lectura bastante más acotada -aquí está la mano kirchnerista- que terminó por configurar el actual escenario de caos entre la gente. A saber: en provincias como Tucumán, La Rioja, Córdoba o San Luís, hay, por lo menos, 7 categorizaciones de usuarios por consumo, lo que hace que hasta el que menos gasta pague por la energía lo que vale; en Buenos Aires, hay casi la mitad de ese número, más un piso de consumo alto, que deja afuera de los nuevos valores a usuarios que, económicamente, está en condiciones de pagar más. En este sentido, un estudio reciente que realizó el economista de la CTA y Diputado Nacional, Claudio Lozano, evidencia que en los barrios más pudientes de la Capital (Palermo, Barrio Norte, Recoleta), hay más gente que consume por debajo de los pisos del aumento que en otras zonas menos “acaudaladas”, como Flores o Caballito.

Por otra parte, en las empresas privadas, que soportan a diario los embates y las consultas de usuarios (en algunos casos) lógicamente enardecidos con las boletas abultadas, la visión es otra: “lo que se hace a las apuradas, termina mal”, señalaron ante Algo en Común Blog desde una compañía, donde consideran que “el incremento era necesario, porque estábamos a punto de empezar a perder tras 7 años de congelamiento”, aunque creen que el momento y los modos no eran los correctos.

En este contexto, y ante las diferentes acciones para retrotraer las subas que iniciaron las asociaciones de usuarios y consumidores, empezó a circular la idea de una tarifa única en todo el país. La alternativa, aunque polémica, calmaría los ánimos del Interior, pero pondría en jaque al Gobierno ante los porteños y bonaerenses: si se implementara, los usuarios de estas zonas terminaría pagando más que actualmente, porque el Interior tiene tarifas hasta 300% más altas que las de Buenos Aires y Capital. ¿Las ventajas? No se hablaría más de estacionalidad, no habría problemas de categorías y dudas sobre los precios del KW/h, y caería el número de dudas respecto a los cálculos. Aquí los contras: quedaría en evidencia la distorsión que hasta ahora provoca la carga impositiva (nacional, provincial y municipal), se conocería el impacto real de los cargos extras (PUREE, etc.), y el foco del conflicto sería el Estado, el recaudador de dichos montos.

En estas condiciones, ¿podría ser posible o es sólo un sueño más de un país que no logra despegar por una carencia manifiesta de mirada futura?