jueves, 25 de marzo de 2010

Agua para todos en un ambiente limpio y sano


En un artículo exclusivo para Algo en Común Blog, el Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Anselmo Sella, analiza el panorama del acceso al agua, en el marco del Día Nacional del fluido, que se conmemora el 31 de marzo.


Por Anselmo Sella



Actualmente, ya no se discute que exista un derecho humano al agua en su calidad de recurso insustituible para la vida. Se trata de un derecho de carácter individual y colectivo, pues mientras cada ser humano necesita acceder al agua para vivir, los pueblos -en su conjunto- necesitan el agua no sólo para garantizar su supervivencia, sino como insumo básico para lograr su desarrollo.

Vale decir que el derecho al agua no es simplemente un concepto abstracto o un ideal, sino un verdadero derecho con todo su contenido jurídico, fundado en el principio de dignidad del ser humano y cuyo resguardo requiere que se garanticen, al menos, el acceso ininterrumpido, la calidad, tarifas razonables y la universalidad, y esto último implica que, Inclusive, aquellas personas que no poseen medios económicos deben tener, de todos modos, acceso al agua.
Pero hay otros principios que es necesario vincular a la temática: se trata de los principios de igualdad y no discriminación.

Y quiero mencionarlos especialmente en la comprensión de que los mismos se aplican en las dos dimensiones a las que antes hice referencia: en el plano individual, evitando la discriminación entre personas, brindando acceso a todos los ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones, garantizando el acceso de las familias que no tienen medios para afrontar el pago de una tarifa. En tanto, en el plano colectivo, impidiendo que las diferencias se ciernan sobre los pueblos, tanto a nivel global como al interior de los Estados.

En conexión con esta cuestión, podemos decir que, en nuestro país, en general, es alto el porcentaje de población que dispone de agua potable (más del 75%), pero, considerando determinadas zonas, encontramos que, en el Conurbano bonaerense, el 60% de la población no tiene acceso a agua segura, agregando que, en departamentos del interior de provincias como Chaco, Formosa o Santiago del Estero, esos datos empeoran notablemente. Mala es también la situación relativa al saneamiento ambiental: más del 50% de los hogares argentinos no tienen servicio de cloacas y, en algunas regiones, hasta el 80% no cuenta con este servicio.

Es imprescindible plantear la cuestión ambiental, ya que el derecho al agua no estará garantizado en la medida en que no se cambie la relación de nuestra sociedad con el ambiente y que siga existiendo contaminación de los cursos de agua superficiales y subterráneos, tal como ocurre en muchas zonas de nuestro país, como en las cuencas del Matanza-Riachuelo y del Salí-Dulce, entre otras.

En Argentina, si bien hay consenso acerca de la operatividad de los derechos humanos, se considera normal que los derechos sociales y ambientales no lleguen a concretarse a través de políticas públicas, sin el previo reclamo social e intervención judicial coercitiva.

La Constitución Nacional es un programa político vinculante en su normatividad, pero en lo que se refiere a estos derechos el Estado históricamente ha mostrado una fuerte despreocupación y la comunidad ha tenido que instalar el reclamo permanente y acudir muchas veces al imperio de la justicia para lograr su cumplimiento.

Por ese motivo, debo advertir que cada vez que la justicia tiene que intervenir en cuestiones ambientales, previamente hay un poder administrador que ignora o evade el mandato constitucional encaminado a garantizar el derecho al medio ambiente sano y limpio y sus derechos conexos.

Tengo la convicción de que el incremento en los niveles de observancia de los mandatos constitucionales requiere del desarrollo de una cultura política ambiental que, en la actualidad, es apenas incipiente.

En definitiva, sin agua para todos, sin medio ambiente adecuado para las actuales y futuras generaciones, sin cultura política del respeto de los derechos humanos, se debilita la dignidad del hombre y la democracia se transforma en un concepto sustancialmente limitado.

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