“Proponemos una tarifa eléctrica sin impuestos para los pobres”

El adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Juan Minguez, se refirió al reciente fallo de la Justicia que suspendió los aumentos de gas. Además, presentó la alternativa de la Defensoría en materia de tarifa social eléctrica sin tasas ni cargas extra.

¿Cómo quedan las cosas ahora, a partir del fallo de la Cámara de Apelación, que ha suspendido la aplicación del cargo por importación de gas en las facturas de este servicio?

El Ejecutivo suspendió la aplicación ante la cantidad de sentencias que había en este país, alrededor de 20 de distintos jueces federales que hicieron lugar a la medida.

Nosotros habíamos hecho un planteo, y la Jueza de Primera Instancia nos la había negado. El fondo de la causa era la inconstitucionalidad de un decreto que dispuso un aumento en términos absolutamente irracionales. El decreto fue el 2067 (de importación de fluido de Bolivia), y me estoy refiriendo a las tarifas de gas. La semana pasada, la Cámara Nacional de Apelaciones administrativas hizo lugar a la medida de no innovar disponiendo que el Enargas instruyera a todas las distribuidoras de gas a que se abstuviera de cobrar el cargo tarifario. Ese cargo es un impuesto, y el Poder Ejecutivo de la Nación carece de atribución para sancionar un impuesto porque sólo lo puede hacer el Congreso. En función de eso, la Cámara resolvió que Enargas ordene a las distribuidoras no cobrarlo y se limite a cobrar la tarifa en los términos del bimestre anterior y según el consumo del usuario. Asimismo, dispuso que por la falta del pago de estos cargos no se puede interrumpir el suministro del servicio.

Esta sentencia abarca todo el país, y esto nos genera que haya una reconsideración del Poder Ejecutivo para no agobiar el bolsillo y la dignidad de la gente, y la Constitución Nacional.

En la misma línea, sabemos que tienen un proyecto de tarifa social para la electricidad, ¿cómo está encarado?

Tenemos una recomendación expresa referida a la tarifa social y esto entra en un marco de reestructuración tarifaria de los servicios públicos. Sostenemos que la tarifa social no es un subsidio sino un derecho del consumidor, y la Constitución expresamente lo dice en su artículo 42 sin ningún tipo de eufemismo: “el derecho de la accesibilidad del ciudadano a los servicios públicos”, en este caso hablamos del servicio de gas. Otro tanto hicimos para el servicio de electricidad como la tarifa irracional de luz.

Creo que la tarifa social se debe aplicar sin cobrar impuesto, tasa, contribuciones, ni cargos fijos ni móviles. Una vez que se detectan las zonas especificas con niveles de pobreza, sin pedirle certificación de nada al ciudadano, se le debe cobrar sólo el suministro del servicio. El precio público es el que pagamos por el servicio, y si a estas zonas no se les cobran los impuestos, no hace falta pedirles los certificados de pobreza que agravian la dignidad del ciudadano.

Hemos sido invitados a un debate ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Nación, en donde se trataron diferentes proyectos, con la idea de llevarlos al debate y tratarlos desde una óptica igualitaria, universalista y no clientelista. Esto es, no dejarle a la discrecionalidad de un intendente o un gobernador que pueda determinar quiénes son los beneficiarios, sino manejarse con pautas objetivas. Una de estas pautas es la determinación de las zonas de pobreza y de los niveles de consumo, y allí cobrar sólo la provisión del servicio sin impuestos ni tasas.

Hay experiencias en el país que han dado muy buenos resultados aplicando estas pautas igualitarias sin necesidad de certificados de pobreza, atacando la dignidad del ciudadano, tal como lo establece el mencionado artículo 42 de la Constitución Nacional.

El diputado (Claudio) Lozano hizo un informe con un enfoque diferente respecto a quién debería tener acceso a la tarifa social, en contra de la zonificación que usted plantea, y en contra del nivel de consumo. En su criterio, el nivel de consumo no determina ingreso y con respecto a la zonificación, dice que hay barrios en los que conviven en una misma cuadra diferentes niveles, ¿cómo se resolvería eso en su propuesta?

No cabe duda que la resolución la va a tomar el órgano competente, el Congreso de la Nación a través de sus Cámaras. Ahora, disiento con el proyecto de Lozano porque si bien puede haber casos de excepción, el problema es que se incurre en el clientelismo.

¿Estamos tan lejos de lograrlo con una gestión transparente sin atribuírselo a un determinado funcionario?

Creo que la calidad institucional en nuestro país deja mucho que desear. Le diría que sí, estamos muy lejos. Tenemos que evitar incurrir en ese tipo de registros porque, en el caso de otorgarlo por registros de jubilados, aquellos que cobran la mínima son 3 millones, es decir, no hace falta un registro. No hace falta que luego alguien interesadamente pueda usar ese registro para privarle a un ciudadano de tener un crédito porque figura en el registro que no tiene ingresos como para pedir un crédito mínimo.

No creo que la cuestión pase por tener un registro de nombres. Puede ser que en el debate surjan opciones superadoras, pero a nuestro entender, no hay un método hasta hoy que garantice más las pautas igualitarias y universalistas que la determinación de zonas. Fíjese lo que está pasando con una noticia del viernes, en donde las mismas empresas distribuidoras van a ofrecer alternativas para paliar pautas de solidaridad. En realidad lo que están haciendo las empresas es darse cuenta que no están cobrando y entonces tienen que buscar soluciones, cuando éstas las tendrían que estar dando el Enargas y el Enre, que su razón de ser es velar por el cumplimiento de las empresas de los servicios asumidos, y velar por el derecho de los usuarios. Esos entes en muchas ocasiones, por falta de calidad institucional, son captados por el poder central o la decisión la toma el poder central. Es decir, no están cumpliendo sus funciones.