Gas al Congreso: la caja oficial en el centro del debate

Por Leandro Renou

A no confundirse, lo que hoy se va debatir en la Cámara Alta no es la defensa del reclamo de los usuarios de gas respecto a los últimos aumentos de tarifa. Lo que hoy se va a plasmar en el recinto son dos posturas diametralmente opuestas, pero no por las razones antes mencionadas: por un lado, el Gobierno, con sus legisladores, los aliados y los hombres del Enargas y Planificación, intentará quemar las últimas naves para conservar los $1.100 millones que percibirán por el cargo de importación de gas de Bolivia, hoy en el centro de la escena por haber sumado fuerte a las subas de tarifas decretadas el año pasado. Mientras que, en la otra esquina, todo el arco opositor apostará todas sus fichas a que este debate sea otro punto de desestabilización política para el Ejecutivo K, una suerte de 125 energética que socave de una vez por todas los cimientos del poder y, a través del vaciamiento de su caja, asfixie al oficialismo hasta su progresiva extinción.

Porque, a decir verdad, en estas semanas previas al tratamiento de las subas en el Parlamento, se notó que son contados con los dedos de una mano los legisladores que realmente estudiaron el tema y tienen en claro cuáles son los puntos distorsivos de una factura de gas. Por ejemplo, todos pusieron el ojo en el cargo de importación y nadie propuso, además, la eliminación del Plan de Uso Racional (PURE) que, en algunos casos, produce diferencias muy importantes en el valor final de la boleta, como consecuencia de la equiparación con el año 2003. ¿A nadie se le ocurrió plantear la eliminación del PURE, un impuesto al consumo que surgió en épocas de crisis energética y que hoy sólo persigue fines recaudatorios? ¿Ningún legislador hizo mención al crecimiento desproporcionado de los impuestos nacionales, provinciales y municipales, que equivalen a casi el 40% del total de una factura? No, por ahora, nadie lo hizo.

De todos modos, ante esta inoperancia de los representantes del pueblo que actúan más por empuje mediático del tema que por tener fundamentos claros para defender su postura, lo del Gobierno sigue siendo preocupante: ha transformado al Ente Regulador del Gas en un organismo propio, que hoy defiende, por medio de su titular, Antonio Pronsato, la necesidad recaudatoria de un Ejecutivo que ya ordenó no perder más dinero en este tipo de disputas. Pero el Enargas no es eso, o no debe serlo. El ente regulador controla la prestación, pero no defiende, bajo ningún punto de vista, los intereses del Estado. Además, el mismo organismo está apelando los fallos judiciales que pararon los aumentos y ahora le pidió a las distribuidoras que tengan contemplaciones y que no refacturen sin el cargo de importación, un pedido a todas luces contrario a las leyes.

En conclusión, todo es un desorden, igual que antes del aumento. Un desorden producto de una política energética desordenada, que trabajó el corto plazo sin ver las consecuencias que esto podría tener el mediano plazo.