En el marco del debate público-privado en torno a la prestación de los servicios públicos, la mayor parte de los argentinos cree que deberían gestionarse en forma privada con mayor control estatal. Marcos Rebasa, especialista en servicios públicos y ex funcionario del ENRE, aseguró que, “sobre algunos temas, como la salud, la educación y el petróleo, todavía nuestro país necesita la interrupción fuerte del Estado”.
¿Cuál es la tendencia mundial y qué podemos tomar nosotros para mejorarlo?
En este tema hay que diferenciar las tendencias en el primer mundo y las de América Latina. La tendencia en los años `90 fue el odio al Estado ineficiente, y había motivos para pensar así. Vinieron las privatizaciones y los odios a las empresas privadas. Creo que en este momento estamos en un punto de equilibrio: hay cosas que las hacen mejor los privados y otras el Estado.
La experiencia ha dicho que la distribución por redes del tipo de servicios, las presta mejor un privado bien controlado con un buen regulador; y sobre algunas cosas todavía nuestro país necesita la interrupción fuerte del Estado. Por ejemplo, en el petróleo, en donde los privados no invierten y va a ser uno de los grandes problemas de energía en corto plazo; o en los ferrocarriles o el agua que en todo el mundo son subsidiados y acá necesitan la intervención del Estado. Por todo esto, hay que decir que el tema es gris, no hay negros y blancos.
Más allá de las manos en que estén, la calidad de la prestación última está en manos del Estado, y cuando la gente se encuentra con problemas y se dirige a los entes controladores que tampoco le dan respuestas, no se imagina cómo funcionaria una empresa de un Estado que a veces falla en los controles.
Exacto. Es lo que pasa con el agua. Aguas está en el Estado y este tiene que controlar para que funcione como cuando era privada. El control existe, pero es muy difícil, desde un regulador, controlar a una propia empresa del Estado. Es un gran tema y una dificultad cultural.
Aparte está el problema de los organismos reguladores intervenidos, que son ciclotímicos. Tienen conductas y vaivenes respecto de las privadas, a veces excediéndose y a veces dejándose de proteger a los usuarios.
Es cierto que el Estado debería fortalecer una regulación eficiente.
¿Se le da un uso político a las tarifas? Porque nos encontramos en el problema de que las tarifas no sean tan altas como para que el usuario no pueda pagarlas, pero que tampoco sean tan bajas como para que el servicio sea deficiente.
Ese es el gran tema de un mal uso político del sistema tarifario. Fíjese que cuando comienza este Gobierno, tiene una actitud dura con el tema de tarifas con las empresas privadas, que puede haber durado hasta el 2005. Después de ahí entramos en una curva de maltrato del tema porque, al estar constreñida la tarifa irreal, en función de dar con el costo que tiene para las empresas, tuvieron que subsidiar con un gran costo para el Tesoro. Cuando eso reventó vino el tarifazo que podría haberse hecho con toda tranquilidad y en forma gradual para seguir los costos con las tarifas y no se hubiera sentido tanto. Tal vez estaríamos pagando lo mismo, pero de una manera no abrupta, la gente se habría acostumbrado.
Las tarifas actuales no alcanza de alguna manera para satisfacer los costos de electricidad y gas, con lo cual queda demostrado cómo un mal uso político de está creando un problema grande.
El esquema de la década pasada, en donde el Estado invertía en los lugares en donde los privados no iban por falta de rentabilidad, y cuando el Estado había logrado establecer una base que generaba ganancias, pasaba a manos privadas. ¿Ese esquema, socialmente hablando, no es un tanto deficitario, puesto que el Estado corre con una serie de gastos hasta que sea seguro el negocio, y de ahí pasa a manos privadas, y la rentabilidad se hace privada?
Depende de cómo se haga. A veces, el esquema que usted señala es el mejor porque por el principio de subsidiaridad se trata de que el privado siga haciendo lo que el Estado promocionó y eso hace que llegue a la sociedad de otra manera.
Cuando lo que se trata es de otorgarle a un privado extranjero, con una rentabilidad exagerada, sin un control adecuado, el Estado ha hecho el papel del “estúpido”. Eso es lo que no hay que hacer.
Creo que el Estado debe ser inteligente, pequeño y eficaz, y no hacer estupideces, sino promover cuando la promoción es razonable y los empresarios -sean locales o extranjeros- tengan mentalidad local y den trabajo a nuestra gente.
En el caso del petróleo, hemos privatizado petróleo que no trajo ningún beneficio para nuestro país, encareció, no hubo inversiones, se salteó todo lo que había de exploración hecho por YPF a un costo tremendo, puso todo el gasto y ellos están agotando los pozos sin haber invertido en exploración. Eso es una conducta estúpida.
¿Cuál es el balance que hace del rol de los entes reguladores?
Los entes de gas y electricidad empezaron bien. El de comunicaciones empezó bastante mal porque apenas empezó Cavallo lo desahució con aquellas tarifas, y ya nunca levantó cabeza. El Enre y el Enargas entraron trabajando con buenos criterios, y lentamente fueron perdiendo protagonismo, capacidad, eficiencia en el control, politización a punto que hoy no están cumpliendo la función independiente, inteligente, como este asunto de las tarifas, para un modelo que preveía protagonismo por parte de ellos. Hoy sostengo que ese modelo ya no existe.
Respecto del avance tecnológico de estos últimos 15 años, sobre comunicaciones con lo que es Internet y telefonía celular, ¿no falta allí un poco de actualización en cuanto regulaciones?
Hoy se está planteando si el celular o Internet no deberían ser considerados un servicio público, que no lo es. Esto significa que si
En cuanto a la regulación, ¿qué va a pasar con la salud privada, que está siendo víctima de esta falta de controles?
En el tema de salud y educación hay dos teorías. Al ser servicios sociales y no públicos, tienen una regulación muy importante pero diferente. Yo entiendo que los servicios sociales son servicios públicos de mayor exigencia de regulación que el servicio públicos en sentido acotado y restringido, como lo son la luz, el gas, etc.
Para mi, los primeros exigen una regulación mucho mayor. No puede ser que las prepagas no cuenten con un sistema regulatorio de control.
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